Organizaciones civiles urgieron al Gobierno de México una estrategia de «pacificación real» que ponga fin al enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada que se registra en la frontera sur de Chiapas, y que reprochan, ha durado más de tres meses.
«Llamamos a asegurar la vida e integridad frente al control de grupos criminales», expusieron.
Señalaron que a más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del Municipio de Frontera Comalapa aún no existe un plan integral que garantice la vida y la seguridad de la población.
Esto, dijeron, inició el 23 de mayo tras la desaparición de líderes y autoridades comunitarias, y es equiparable a una guerra, pues son constantes las detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos «monstruos» blindados.
En este contexto, un adolescente de 14 años falleció por una bala perdida que entró por el techo de lámina de su domicilio.
Asociaciones subrayaron que este clima de violencia, que además se acompaña de amenazas, extorsiones, secuestros, ha provocado que alrededor de 3 mil 500 personas se desplazaran forzadamente de sus comunidades, el cierre intermitente de escuelas, comercios, centros de salud, transporte, sin que al momento haya personas detenidas, y por el contrario, es un problema que se extiende.
En las últimas semanas se han presentado bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada en los municipios de Chicomuselo y Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral; además de un aumento en la presencia de personas armadas en la región.
Las organizaciones Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala-México (MTMG), el Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), la Red Mesoamericana de Educación Popular, y la Red Alforja exigen acciones efectivas.
Así como una investigación imparcial y profunda a la Fiscalía Local y federal; que desde los tres niveles de Gobierno se activen mecanismos de ayuda humanitaria para atender las necesidades alimentarias, sanitarias y de salud mental de las personas afectadas que han sufrido daños y/o pérdidas de sus medios de vida.
El impulso de procesos para reconstruir el tejido social, en lógica de paz, reconciliación y diálogo, para proteger a las comunidades que están resistiendo a la violencia de la delincuencia organizada en sus territorios, tanto en Frontera Comalapa, como en los demás municipios que sufren esta misma realidad en Chiapas.
Y que se garantice la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general en Chiapas, particularmente en la Región Frontera.
