Seguridad y coordinación, claves para el futuro del sureste mexicano
En días recientes, el sureste mexicano ha sido testigo de dos acontecimientos que resaltan la necesidad de reforzar los esfuerzos en materia de seguridad y colaboración interinstitucional: la reunión entre el gobernador Eduardo Ramírez y Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, y el anuncio de un convenio coordinado entre Chiapas y Tabasco para combatir el llamado “efecto cucaracha” del crimen organizado en la región.
Ambos eventos son reflejo de una realidad ineludible: la seguridad sigue siendo una prioridad para las entidades del sur del país, especialmente ante el crecimiento de fenómenos delictivos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos.
En el caso de Eduardo Ramírez, su reunión con Omar García Harfuch no pasó desapercibida. García Harfuch, ampliamente reconocido por su desempeño en la capital del país, encarna un modelo de profesionalismo y estrategia que ha logrado avances significativos en el combate a la delincuencia. Este encuentro puede interpretarse como un mensaje político y estratégico, pues abre la posibilidad de que figuras clave del ámbito de la seguridad, como Harfuch, contribuyan a reforzar el tejido institucional en regiones que enfrentan desafíos complejos.
Por otro lado, la firma del convenio entre Chiapas y Tabasco busca responder a una problemática creciente: la migración del crimen organizado hacia zonas con menor presencia de fuerzas de seguridad, fenómeno conocido como el “efecto cucaracha”. Esta alianza interinstitucional es un paso importante, ya que refleja el entendimiento de que el combate al crimen no puede limitarse a fronteras estatales, sino que requiere una coordinación efectiva y constante entre gobiernos.
Ambos temas evidencian que las estrategias de seguridad no pueden basarse únicamente en operativos reactivos. Es indispensable construir esquemas integrales que combinen inteligencia, prevención del delito y desarrollo social, priorizando el bienestar de las comunidades más vulnerables.
Asimismo, resulta imperativo que estos esfuerzos no sean momentáneos o de cara a objetivos políticos de corto plazo. Los ciudadanos del sureste mexicano merecen políticas públicas sostenibles, transparentes y enfocadas en resultados tangibles. La seguridad no es una promesa de campaña ni una herramienta de propaganda; es una obligación que debe atenderse con seriedad, recursos suficientes y un compromiso incuestionable.
En este sentido, tanto las alianzas estratégicas como el fortalecimiento de las capacidades locales deben ir de la mano. Los liderazgos visibles, como el de Eduardo Ramírez, deben acompañarse de acciones contundentes que fortalezcan las instituciones y blinden a las comunidades contra los efectos nocivos de la criminalidad.
El sureste mexicano, con su riqueza cultural y económica, merece vivir en paz. Es momento de que la coordinación entre actores políticos, fuerzas de seguridad y ciudadanos sea la base para construir un futuro más seguro y próspero para Chiapas, Tabasco y toda la región.
