EDITORIAL | La paz en Chiapas, un desafío que persiste
Los esfuerzos institucionales para atender los desafíos de seguridad y desplazamiento en Chiapas son innegables, pero también es claro que los resultados aún no alcanzan para frenar fenómenos tan complejos como el desplazamiento forzado y la violencia feminicida. Lo que está en juego no es menor: la estabilidad de comunidades enteras y la garantía de derechos fundamentales para mujeres, niñas y familias enteras.
El desplazamiento forzado, que sigue afectando a municipios de diversas regiones del estado, es consecuencia de conflictos de larga data, la presencia de grupos armados y tensiones sociales que se arrastran desde hace años. Resolverlo no es tarea de un sexenio, y mucho menos cuando las condiciones heredadas han sido tan adversas.
A la par, la violencia de género, en especial el feminicidio, continúa siendo una deuda pendiente del Estado mexicano en su conjunto. Como bien lo señaló Jorge Llaven Abarca, Chiapas no podrá aspirar a una paz duradera si no se garantiza la seguridad de las mujeres. Combatir este tipo de violencia requiere acciones decididas, presupuestos con perspectiva de género y un sistema de justicia que funcione de manera efectiva.
La administración actual ha mostrado voluntad y ha desplegado esfuerzos importantes, pero el reto es de dimensiones estructurales. No se trata sólo de contener, sino de transformar: reconstruir el tejido social, fortalecer la presencia institucional y recuperar la confianza ciudadana.
En este escenario, más que críticas, lo que Chiapas necesita es continuidad, enfoque y colaboración entre niveles de gobierno y sociedad civil. La paz no será inmediata, pero puede construirse con firmeza si se reconocen las causas profundas de la violencia y se trabaja con constancia para erradicarlas.
