RAYOS Editoriales 18.2.25

Inseguridad y Carreteras Deterioradas: Un golpe mortal al sector transportista

El sector transportista de México atraviesa por una crisis sin precedentes, que no solo afecta su economía, sino que pone en peligro la seguridad de los miles de trabajadores y usuarios que dependen de él a diario. La combinación de inseguridad creciente y la deplorable condición de las carreteras del país han convertido a este sector en uno de los más vulnerables.

Según denuncias recientes, las amenazas del crimen organizado, las extorsiones y los asaltos en las rutas de transporte se han intensificado en diversas regiones del país. Transportistas han señalado que, en muchos casos, se ven obligados a pagar cuotas de extorsión para poder transitar con relativa seguridad, lo que no solo eleva el costo de operación, sino que pone en riesgo la vida de los conductores y pasajeros. La violencia en las carreteras es un reflejo de la creciente incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad en el país.

A esto se suma el deterioro progresivo de la infraestructura vial. El mal estado de las carreteras, sumado a la falta de mantenimiento y la insuficiencia de inversión en este rubro, ha generado accidentes frecuentes, demoras en los tiempos de transporte y mayores costos operativos. En un país donde el transporte es esencial para la distribución de mercancías y la conexión entre comunidades, este problema se convierte en una barrera para el desarrollo económico.

Además de esta situación crítica, México acaba de recibir su peor clasificación en el Atlas de Impunidad desde 2012. El informe revela que la impunidad en el país sigue siendo alarmantemente alta, lo que refuerza la sensación de desprotección y abandono por parte de las autoridades. La falta de justicia y la lentitud en la resolución de casos contribuyen a que los crímenes, incluido el robo y la extorsión, sigan proliferando sin consecuencia alguna.

La impunidad en México no solo afecta la vida diaria de los ciudadanos, sino que también desalienta la inversión y limita el crecimiento de sectores clave, como el transporte, que es fundamental para la conectividad y la competitividad del país. Las víctimas de este clima de inseguridad y la falta de justicia no solo son los transportistas, sino toda la población que depende de los bienes y servicios que se mueven por las carreteras.

La combinación de estos factores —la inseguridad generalizada y el deterioro de la infraestructura— coloca al sector transportista, y por ende a la economía del país, en una situación alarmante. Es urgente que las autoridades federales y estatales tomen medidas concretas para restaurar la seguridad en las carreteras y mejorar la infraestructura vial, antes de que la situación se vuelva insostenible y afecte aún más la calidad de vida de todos los mexicanos.

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