“PLAN B” de reforma electoral: ministro Pérez Dayán propone anular primera parte

Ciudad de México, 02 MAY.-El ministro Alberto Pérez Dayán propondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anular la primera parte del ‘Plan B’ de reforma electoral al argumentar que existieron “claras violaciones” al proceso legislativo.

Dentro de su proyecto, el ministro señaló que la iniciativa presentada ante el Congreso no pasó por un procedimiento legislativo ordinario, provocando una “transgresión al principio de deliberación democrática”.

“La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, explicó.

Con su proyecto, Pérez Dayán propone anular la validez de las reformas hechas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Para que esta consideración se sostenga, tiene que obtener al menos ocho de los 11 votos de los ministros que conforman el pleno de la Suprema Corte.

Plan B de reforma electoral, en ‘suspenso’

Fue en marzo cuando Javier Laynez Potisek, otro ministro de la Corte, quien otorgó una suspensión contra toda la reforma electoral impulsada desde Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El ministro concedió al Instituto Nacional Electoral (INE) una suspensión provisional contra todos los artículos del plan B “para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”.

“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el decreto no solo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”, agregó.

La Corte justificó la medida al considerar que el Plan B plantea una posible violación a los derechos político-electorales de las y los mexicanos.

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