Ciudad de México, 20 MAR.-La Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala (CNPA) realizó una denuncia pública por la liberación tras un juicio exprés de los exalcaldes del municipio de Amatán, en Chiapas, Manuel de Jesús y Wilbert Carpio Mayorga, acusados de haber ordenado y participado en dos asesinatos.
En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados convocada por la morenista Gabriela Martínez Espinoza, el vocero de la Coordinadora Plan de Ayala, Jesús Gutiérrez Valencia, señaló “a los hermanos Carpio Mayorga de liderar un grupo paramilitar, que ha gobernado con violencia este municipio en los últimos 15 años” y de apoyar la construcción del Tren Maya.
Gutiérrez Valencia indicó que la representación jurídica de la coordinadora impugnará la absolución de los exfuncionarios ya que se desestimaron las pruebas que los incriminaban.
“Derivado de las protestas pacíficas que hicimos durante años, el 17 de enero del 2019, el grupo paramilitar atacó el plantón ubicado frente a la presidencia municipal, al día siguiente aparecieron asesinados los compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez”, explicó.
Gutiérrez Valencia resaltó que los crímenes ocurrieron a pesar de que Noé Jiménez Pablo tenía las medidas del mecanismo de protección: “Fue asesinado extrajudicialmente, después de cinco años y dos meses que hemos venido exigiendo justicia y verdad para nuestros compañeros, esto lamentablemente no ha sucedido”.
“Sin embargo, con la liberación de estos personajes, la inestabilidad y la zozobra nuevamente regresa al municipio porque las amenazas a las víctimas, a los testigos de cargo, se han acrecentado”, apuntó.
El vocero de la CNPA afirmó que “en redes sociales aparecen amenazas con mensajes mordaces, donde se da a entender que una de las compañeras que es testigo, será violada”.
“De todas las agresiones que realizó el grupo paramilitar previo a este hecho, documentamos 33 que motivaron la protección a defensores de derechos humanos y periodistas incorporaran a 32 compañeros de este municipio a ese mecanismo”, explicó.
Aseguró que a pesar de esto se registró un incremento de las amenazas a las víctimas indirectas de la agresión y no se permitió el ingreso de personal de la ONU y la CNDH al primer juicio oral.
“De ese tamaño es la impunidad que se dio a este grupo caciquil paramilitar, por un pacto o contubernio entre el Poder Judicial de Chiapas, y el gobierno del estado”, indicó.
