Los megaproyectos y las amenazas para periodistas y defensores del medio ambiente

Tubo de Ensayo por René Delios//

Tiene su rato que leí esto: «Los megaproyectos como las hidroeléctricas y minas se convierten en una amenaza para periodistas y defensores del medio ambiente por la debilidad institucional que tenemos porque las leyes nuestras no están a favor de esas comunidades a las que les pertenecen las tierras, porque resulta que tanto México como Guatemala, Honduras y El Salvador, se violan los tratados internacionales que protegen a las comunidades indígenas», sostuvo Lolany Pérez, periodista de Honduras.

La cuestión es que los cuatro países tienen pueblos indígenas y no se está respetando el acuerdo 169 de la Organización de Estados Americanos en torno a la consulta libre, previa e informada sobre los proyectos a instalarse –y la misma organización no hace queja al respecto, digo-; lo que se hace es que se llega bajo amenaza, intimidaciones y soborno a las zonas, y cualquier periodista que exhiba la situación arriesga su vida –y más en México, líder en homicidios a comunicadores-, pues se está exponiendo al gran capital, como señala la comunicadora de Radio Progreso.

Como se sabe en Honduras en 2009 se dio un golpe de Estado al presidente en turno, José Manuel Celaya Rosales, y en esa etapa se abrieron concesiones para la instalación hidroeléctricas y empresas mineras.

Publicaciones de la época reseñan que “hay una serie de permisos que el Estado ha dado a empresas de capital transnacional, entonces esto está generando un conflicto a las comunidades, porque hay desplazamiento y judicialización para las personas que defienden a las comunidades y hasta asesinatos de líderes, incluida la ambientalista Berta Cáceres”.

En México las cifras suben: Organizaciones de la sociedad civil, presentaron un memorial para reconocer el trabajo, el esfuerzo y compromiso de personas activistas que fueron han sido asesinadas y cuyo compromiso en defensa del territorio, la cultura y los derechos a la vida ha quedado plasmada a balazos por parte de sicarios cuyos crímenes siguen impunes.

Han sido asesinadas un promedio de 135 personas defensoras en el periodo que va de diciembre de 2018 a octubre de 2022 en México, esto es el presente sexenio; la cantidad casi duplica el número de periodistas ultimados; en 2021, 54 personas defensoras fueron ultimadas, casi la mitad de ellas indígenas.

Así que no están las cosas como para que la inconformidad sea minimizada ni reclamada por los titulares de los gobiernos, porque los deja en vulnerabilidad ante el crimen o sus represores, y más si les considera -desde ese poder- una disidencia.

Por lo general los luchadores por la tierra tienen razón; si su posesión es ancestral ¿Porqué molestarlos?

Pero desde algún escritorio gubernamental ni idea de la relación de esos pueblos con la tierra y su entorno, y se les hace tan sencillo violentarlo a nombre del progreso, el desarrollo sustentable, entre otros conceptos atentatorios de la cuestión sociológica en esas regiones de México, y cuando se da la resistencia “pinches indios mugrosos”, y demás términos discriminatorios para los que “no entienden” que es por su bien, a fuerza de ver desde el gobierno, las cosas occidentalizadas y sin contemplar la relación del indígena con su tierra.

La de sus ancestros.

Y así, casos tremendos en Oaxaca o Sonora, Veracruz, Guerrero, y casi en toda zona de amortiguamiento o considerada tierra sagrada, aparece una empresa por lo general extranjera, y cuya actividad y protestas ya tienen su muerto.

Hasta en Chiapas mataron allá por 2009 a Mariano Abarca Roblero en Chicomuselo, quien era miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y quien mantuvo una lucha constante contra la trasnacional minera canadiense Blackfire, que en el municipio explotaba barita, por medio de 10 concesiones, que dieron sobre sus tierras ancestrales.

Pero así son en los gobiernos prepotentes, antidemocráticos, soberbios.

Ahora, los datos de estas organizaciones sobre asesinato de activistas dado a conocer antier, deja ver que como en el asunto de la libertad de expresión, manifestarse en el activismo también es de alto riesgo en México.

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