Hablando de Derechos, por Guillermo Asseburg A.
Estimadas y estimados lectores.
La próxima transformación del Poder Judicial en México ofrece una oportunidad única para hacer un replanteamiento integral de la relación entre los tres poderes del Estado.
Ante la relevancia del momento histórico nacional que representa esta nueva etapa de la vida sociopolítica de nuestro país, resulta imprescindible una vinculación armonizada que permita una coordinación más efectiva entre el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, iniciando por la revisión de la actual conformación de los comités de vinculación integrados por miembros del Senado, que necesitan evolucionar hacia mecanismos más incluyentes que incorporen voces representativas de todos los poderes, garantizando así un equilibrio democrático y funcionalidad institucional.
La creación de una comisión conjunta que no solo integre a legisladores, sino también a representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial deberá ser prioritaria, para aspirar a una participación activa en el diseño de políticas públicas, en la interpretación de normativas y en la ejecución de acciones que reflejen un esfuerzo común por fortalecer el Estado de Derecho. La colaboración interinstitucional no significa diluir las competencias de cada poder, sino reconocer que, en una democracia sólida, la interacción entre ellos es indispensable para resolver los desafíos de una sociedad compleja y diversa.
Además, este tipo de comisiones disminuirían los riesgos de discordia o desconexión que, en épocas anteriores, presentaban las relaciones entre poderes en México. Un diálogo constante y organizado garantizaría que las reformas del nuevo Poder Judicial sean aplicadas de manera coherente con las necesidades sociales y que las políticas gubernamentales no contradigan los principios fundamentales de la Constitución. Por ejemplo, en temas como la reforma laboral, los derechos humanos o la lucha contra la corrupción, una colaboración armónica entre poderes es vital para lograr un impacto real y duradero.
Es fundamental, no obstante, que este modelo de vinculación esté regido, de común acuerdo, por principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto mutuo entre poderes. Sin estas bases, cualquier intento de colaboración podría caer en el riesgo de politización o en un claro conflicto de intereses. La participación activa de la sociedad civil como observadora de los procesos de esta comisión también podría ser una herramienta clave para garantizar la legitimidad y eficacia de sus decisiones.
Sin duda, el México del nuevo Poder Judicial demanda innovación y un cambio en la forma en que los poderes públicos interactúan. La creación de una comisión representativa de los tres poderes podría ser la piedra angular para construir un sistema más cohesionado, humanista y justo. No es una cuestión de solo reformar las estructuras, sino de renovar la visión de un gobierno colaborativo al servicio de la ciudadanía, porque la justicia es también una cuestión de todas y todos.
