Ciudad de México, 11 ABR.-Desde el día uno de las campañas electorales, la candidata opositora Xóchitl Gálvez ha asegurado que enfrenta una elección de Estado, basada en lo que el país ha vivido no sólo desde que inició el proceso electoral, en septiembre pasado, sino desde 2022 en que se adelantaron las precampañas y, también, los ataques.
El término fue acuñado y estuvo vigente en las décadas en las que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), entonces el partido hegemónico, usaba recursos públicos, condicionaba programas sociales, controlaba instituciones electorales, propiciaba inequidad en las campañas y una larga cadena de conductas que le permitían incidir en el resultado electoral.
Actualmente, en la contienda del 2024, ese escenario con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su estructura lograda con el partido Morena es, prácticamente, el mismo; los analistas valoran que se tiene una sistemática violación a las reglas electorales creadas para frenar todas esas conductas que permitieron al PRI mantenerse en el poder; hay un despliegue de autoridades en favor de una fuerza política –si no igual, quizá similar a la priísta– y se acumulan formas sofisticadas para el condicionamiento de programas sociales.
Pese a ello, ponen a debate si México vive –como en el pasado– una elección de Estado.
“Si por elección de Estado entendemos que se usan recursos públicos o la posición desde el gobierno para incidir en la voluntad ciudadana, ya sea para propiciar la participación de la ciudadanía en torno a una opción negando a otra, o bien para inhibir la participación ciudadana, creo que lamentablemente sí estamos frente a una elección de Estado”, considera Edmundo Jacobo Molina, experto electoral y exsecretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Lamentablemente –agrega- “no estamos en condiciones de equidad en la contienda y el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador no está jugando el papel que constitucionalmente le correspondería que es el presidente para todas y todos independientemente de las diferentes valoraciones políticas”.
El exconsejero electoral y decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Arturo Sánchez Gutiérrez, matiza:
“Estamos en una situación en donde no se da por hecho eso. Hablar una de una elección de Estado sería prácticamente cancelar la posibilidad de que algún partido diferente al del presidente de la República ganara, y creo que todavía no estamos en esa situación.
«Hablar de una elección de Estado podría ayudar a que se configurara la percepción de que esta elección ya está resuelta y que por las buenas o por las malas va a ganar Morena y su candidata”, pero eso no es un hecho, explica.
Ambos coinciden en que la injerencia del presidente López Obrador es un hecho, pues ya está probado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que esa participación presidencial en el proceso electoral genera condiciones de inequidad en las campañas. Y eso aún sigue, pues no el mandatario no ha cesado su activismo.
Sobre el impacto real de esa conducta en las elecciones del 2 de junio próximo, eso está por verse, pero para el politólogo José Antonio Crespo la intromisión presidencial ya tuvo una consecuencia:
“Por el número de menciones que hizo el presidente sobre Xóchitl Gálvez ya se afectó su imagen”, asegura.
Valoran que los resultados electorales aún están en incertidumbre, pero recuerda que, al final del año 2022, apenas comenzó a mencionarse el nombre de Xóchitl Gálvez como posible candidata, en ese entonces a la Jefatura de Gobierno de la ciudad, cuando el presidente comenzó a referirse a ella en sus conferencias mañaneras, y cuando fue elegida como posible precandidata de la oposición, entonces, el mandatario reforzó sus ataques.
No sólo hizo señalamientos para tratar de minar las posibilidades de una oponente, “se metió de lleno a la a esta campaña electoral desde que destapó a sus ‘corcholatas'», señala Rafael Hernández Estrada, abogado y experto electoral.
“Lo hace diariamente violando el artículo 134 de la Constitución que prohíbe a los funcionarios públicos intervenir en las elecciones para no generar inequidad. Lo hace desacatando sentencias de los Tribunales electorales y pitorreándose de esas resoluciones judiciales. Por eso digo que es un violador serial de la Constitución.
“Lo hace cotidianamente con desesperación que muestra que no está tan seguro de la ventaja de su candidata», destaca Hernández Estrada.
¿Qué define una elección de Estado?
En el país, hay un grupo de 52.2 millones de mexicanos –entre los 30 años de edad o menos– que muy probablemente no saben lo que fue vivir en un régimen donde el PRI era hegemónico, cuando el partido en el gobierno no sólo tenía la presidencia del país sino el control del Congreso Federal y la mayoría de las gubernaturas.
Además, el propio gobierno organizaba las elecciones hasta que en 1990 nació el precursor del INE, el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo autónomo que ciudadanizó los comicios.
Antes de eso, no había organismos autónomos, creados después para acotar el poder presidencial: vigilar e impedir abusos y violación a los derechos humanos; transparentar información; frenar monopolios económicos, por mencionar algunos de los elementos que hacían a México vivir en un régimen de partido de Estado.
Al paso de los años y 30 años después de que el PRI perdió la mayoría en el Congreso –en el año 1994– otro partido, Morena, tiene la Presidencia de la República con López Obrador, cuenta con mayoría en el Congreso –aunque no absoluta, de modo que por sí solo no puede reformar la Constitución-, gobierna 22 de 32 entidades del país.
Para Rafael Hernández, exrepresentante del PRD e incluso de López Obrador ante el IFE, no es cuestionable la fuerza política de un partido, sino la intervención de funcionarios emanados de institutos políticos y gobiernos administrados bajo sus siglas, desplegados a favor o en contra de contendientes electorales.
Y lo preocupante es que la injerencia presidencial en la elección se replica en los estados:
“Es acompañada por una actitud y una conducta gemelar de los gobernadores de Morena y de los integrantes del gabinete presidencial, que se dedican a hacer propaganda en favor de la candidata oficial y atacar a sus contendientes”, explica.
Incluso, resalta que los medios públicos de comunicación están desplegados a favor de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM), que agrupados en la coalición «Sigamos haciendo historia» para impulsar a Claudia Sheinbaum.
“No ha respetado ni La Hora Nacional, hasta ahí metieron propaganda de forma ilegal y entonces todo esto está configurando una elección de Estado”.
A todo ello se suma, dice el autor del libro «Servidores de la Nación: La Operación Política del Gobierno de la 4T», un ejército de 20,000 personas que con ese cargo, el de «servidores de la nación», recorren el país con el mensaje de que es el presidente quien da los programas sociales:
«Es una clara la coacción electoral” explica, pues son los impuestos los que financian las ayudas sociales.
Para este experto, todo lo anterior está configurando irregularidades electorales: “López Obrador no puede culpar a nadie más que a sí mismo y a su gobierno de que se configuren conductas tipificadas como causales de nulidad de la elección presidencial y hasta podría ser (esa) la intención”, ataja.
Recuerda que si bien antes se condicionaban programas sociales con amagos a la gente de sacarla de los padrones de beneficiarios, o con entregas de despensas, o dando “puercos, marranos, cerdos” como acuñó el mismo López Obrador en campaña presidencial de 2006 y 2012, ahora la estrategia ha cambiado.
Como gobierno y partido mayoritario Morena y sus aliados impulsaron la inclusión de programas sociales como la Pensión para adultos mayores –entre otros- en la Constitución, para impedir que la llegada de un nuevo gobierno cancelara esos apoyos.
Hoy, en campaña, se usa el argumento a la inversa: los programas sociales “sólo los garantiza la Cuarta Transformación” según el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado “y claro que están en riesgo si no tenemos la mayoría”, recuerda que se usa como argumento.
Mientras el INE analizará si, como le propuso Gálvez Ruiz, desarrolla una campaña –como ha existido en otras elecciones- para difundir que los programas sociales no pertenecen a un partido político y que nadie puede condicionarlos a cambio del voto.
¿Cómo ha sido la injerencia de AMLO en esta elección?
Además del despliegue de los “servidores de la nación” y de funcionarios de la Secretaría del Bienestar de los estados, se acusa la intervención directa del presidente.
De acuerdo a SPIN Taller de Comunicación, cuyo director Luis Estrada publica quincenalmente el seguimiento a las conferencias matutinas del presidente López Obrador, al 31 de marzo de este año el presidente había realizado 1,308 mañaneras y la duración promedio de cada una de ellas es de 120 minutos.
Es decir, en sus 1,948 días de gobierno ha dedicado por lo menos 2,616 horas a expresarse en conferencias de prensa prácticamente en cadena nacional, pues la transmiten los medios públicos de comunicación y en redes sociales como YouTube, X, y Facebook, en esta última donde el presidente tiene 10 millones de seguidores.
Eso da cuenta de una parte del potencial de que sus mensajes lleguen a la población, y en algunas de ellas, tanto en las elecciones federales de 2021 –como lo acreditaron los tribunales electorales– como ahora, ha emitido mensajes políticos o electorales.
Sin embargo, fue en esas conferencias de prensa donde el presidente catapultó, involuntariamente, a Xóchitl Gálvez como abanderada a la Presidencia, pues hizo que su nombre se conociera a nivel nacional, al mencionarla y descalificarla personalmente.
Los comentarios sobre ella, sin embargo, fueron adversos e incluso, según la hoy candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, con mentiras. En noviembre de 2022, el mandatario se refirió a ella por primera vez y la acusó de estar en contra de los programas sociales y haber propuesto eliminarlos.
Sin embargo, en el video al que hizo referencia, cuando Gálvez participó en el foro “Retos en la política pública para impulsar el desarrollo sostenible en México” en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara en noviembre de ese año, la entonces senadora expresó lo contrario a lo que dijo el presidente.
“Yo estoy de acuerdo en apoyar a los que menos tienen, por supuesto que estoy de acuerdo en esas transferencias, pero me parece que es insuficiente (…) De verdad que el mayor acto de dignidad de un ser humano es poder ganar su comida trabajando y creo que es en lo que yo me enfocaría, pero mientras tanto sigamos dando los apoyos económicos. No digamos que no son necesarios, sí son necesarios”, declaró Gálvez en ese entonces.
Para exponer la realidad de lo ocurrido Gálvez promovió un amparo, durante meses litigó, lo ganó y se ordenó a la presidencia darle derecho de réplica, pero el presidente López Obrador se negó.
En junio de 2023, al día siguiente de que ella fue a tocar las puertas de Palacio Nacional para pedir derecho de réplica, y por el impacto que generó ese episodio, decidió lanzarse como aspirante presidencial.
El resto es ya historia. Arropada por organizaciones civiles y los partidos Acción Nacional (PAN), PRI y de la Revolución Democrática (PRD), recorrió un proceso que concluyó con la postularon a la presidencia por la Coalición Fuerza y Corazón por México.
Desde entonces a la fecha, ha sido mencionada por el presidente López Obrador en diversas ocasiones, tanto ella como los partidos que la respaldan, aunque a veces con los motes “PRIAN”, ”los conservadores”, “neoliberales” y otras expresiones, razón por la cual ya rebasan 30 quejas electorales y litigios ante el TEPJF por injerencia presidencial en la elección.
El 3 de enero pasado, cuando aún había precampañas y no iniciaba oficialmente el proselitimso en pos de los votos, Xóchitl Gálvez acusó que la estructura del gobierno federal “está metida en el proceso” y hay derroche de recursos.
“Hay una elección de Estado. Allá tienen todos los millones, la candidata de Morena es la candidata oligarquía, la candidata de los millonarios”, expresó.
Ajeno a esos señalamientos, el presidente ha mencionado –aunque no por su nombre, o el de su partido– a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Primero como “corcholata” para buscar la candidatura presidencial, ha señalado que es honesta y que dará continuidad a su gobierno, lema que de hecho ella usa en su campaña.
Así, han sido cientos de miles de impactos los que ha conseguido con sus frases, en las que el mandatario ha hablado sobre el proceso electoral, tanto a favor, como en contra de las opciones políticas en contienda.
Pese a todo, también a principios de enero López Obrador rechazó señalamientos a su conducta: “me encontré con otros que van igual, que (acusan que) vamos a hacer una ‘elección de Estado’. No, no somos iguales, nosotros no compramos votos, no usamos el presupuesto para favorecer a ningún partido o candidato”.
Sin embargo, toda proporción guardada, las similitudes en procesos electorales de 2006 y 2012 –en que López Obrador fue también candidato presidencial y acusó elección de Estado– con este proceso electoral de 2024, pueden verse en los escritos de queja que en ese entonces presento el PRD, partido por el que el hoy mandatario fue abanderado en las dos elecciones presidenciales pasadas.
“Hay una campaña de odio y mentiras a la cual se sumó aquella realizada por el Poder Ejecutivo Federal en promocionales difundidos en medios de comunicación masiva, en los que se utilizaron los programas de gobierno para llamar a la continuidad en su gobierno y a denostar a la opción política” contraria, expuso en 2006 la Coalición Por el Bien de Todos, que postuló a López Obrador a la presidencia en ese año.
Ese escrito, que hoy podría suscribir la oposición, forma parte del recurso de inconformidad que la coalición obradorista promovió en 2006 ante el TEPJF para solicitar la apertura de todos los paquetes electorales y volver a contar los votos, por supuestas irregularidades e intervención presidencial.
A diferencia de entonces, hoy los promocionales difundidos en medios de comunicación masiva que fueron denunciados ya no existen, pues fue prohibida su compra tras esa elección y sólo pueden emitirse mensajes en radio y televisión en tiempos administrados por el INE.
Esa restricción la impulsó López Obrador y quedó en la Constitución en la reforma electoral de 2007-2008.
Pero ahora, en sustitución a esa campaña masiva que él acusó hace 13 años, las múltiples menciones político-electorales del presidente un día sí y otro también, ocurren gracias a sus conferencias mañaneras y expresiones en eventos y giras, en las que mantiene sus mensajes con el argumento de «libertad de expresión» y «derecho de réplica» a lo que expresan los contendientes en la elección.
Y esos mensajes cuentan con difusión prácticamente en cadena nacional, más millones de impactos en redes sociales.
Hoy, además, con el agregado de que las mañaneras, según han resuelto tribunales electorales en algunos de sus criterios, son propaganda gubernamental, y por tanto en esa difusión masiva de mensajes se acredita no solamente que sí hay al menos un servidor público involucrado en tareas electorales (el presidente), sino que se usan recursos públicos incuantificables.
Esa misma situación de uso de instituciones públicas y recursos públicos ocurrió con la difusión de La Hora Nacional en por lo menos cuatro emisiones, en que en más de 1,700 radiodifusoras encadenadas en transmisión en todo el territorio mexicano difundieron mensajes a favor de la candidata de la Coalición Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, al “aclarar” supuesta información falsa sobre ella.
¿Hay equidad o no en 2024?
Para Edmundo Jacobo Molina, desde hace 30 años se ha trabajado en propiciar equidad en la contienda, “que no quiere decir igualdad sino que las opciones políticas tengan condiciones más o menos equitativas para poderse expresar y llegar a los ciudadanos”.
La consecuencia de esa lucha fueron reformas electorales y “el actual presidente de la República fue un factor muy importante en esa reformas, reclamando en 2006 y luego en 2012 reformas a nivel constitucional legal para garantizar la equidad de la contienda.
“Lo lamentable en este momento es que él mismo, ahora ya en una posición de gobernante, no respete las reglas que él mismo promovió y desde la investidura presidencial, tanto como funcionario público como con uso de recursos públicos – que ambas cosas están prohibidas- esté haciendo campaña, cuando su papel debería ser el de la neutralidad.
“Él debe garantizar condiciones de seguridad para el libre de tránsito en el país, cuidar la equidad por la que tanto peleó. (En cambio) sistemáticamente las autoridades electorales tanto el INE después el Tribunal lo ha confirmado: el actual presidente de la República ha violado sistemáticamente la Constitución en más de 30 ocasiones”, agrega.
López Obrador, añade, “sigue siendo un actor fundamental inclinado a una de las opciones políticas cuando su papel debería ser en neutralidad”.
Por todo ello, para el especialista y exfuncionario del INE lamentablemente no estamos en condiciones de equidad en la contienda:
«El Presidente de la República no está jugando el papel que constitucionalmente le correspondería que es el presidente para todas y todos”, acusa.
Sánchez Gutiérrez, quien fue consejero electoral en dos ocasiones primero por el IFE y luego por el INE, admitió que la situación que se vive no ha sido la normalidad electoral que ambos organismos lograron, la de equidad, contención de los gobiernos, reglas de piso parejo.
“¿Por qué se está hablando de una elección de Estado? Porque, en efecto, se ve a la institución presidencial constantemente violentando la ley e interviniendo en la elección con su discurso desde las mañaneras. Al mismo tiempo esta actitud está reproducida por otras autoridades pertenecientes al partido del gobierno”, lamenta.
Para el exconsejero el INE “ha logrado frenar algunas de estas acciones y hay otros actores actuando políticamente” para detener la inequidad.
“Por lo tanto creo que este hay que combatir todo síntoma de que haya una violación sistemática la ley que permita a impedir que alguien gane mediante la violación a la ley. Yo creo que todavía estamos en una situación en donde no se da por hecho eso”, considera el también catedrático.
“Estamos en una lucha política en donde hay síntomas suficientes que permiten algunas fuerzas hablar claramente de este tipo de fenómenos porque se están presentando situaciones que no se presentaban en elecciones anteriores, por lo tanto hay que seguir todavía los días que faltan de campaña y si se presentan situaciones suficientemente violatorias de la ley, pues están los tribunales”, plantea.
