Por Javier Domínguez
Tuxtla Gutiérrez, 7 de octubre de 2025.
Luego del primer proceso de auditorías realizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y las irregularidades detectadas en diversas administraciones municipales, la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública del Congreso de Chiapas señaló que aún hay tiempo para que los Ayuntamientos corrijan y solventen las observaciones emitidas.
El diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, presidente de la comisión, explicó que los municipios que presentaron “detalles” en sus cuentas públicas se encuentran actualmente en la etapa de aclarar y resarcir las recomendaciones hechas por la ASE.
“Estamos aún en plazo”, precisó el legislador, al recordar que el primer paquete de observaciones entregado en junio pasado no ha quedado sin efecto, sino que sigue su curso conforme al procedimiento establecido.
El presidente de la Comisión adelantó que a finales de este mes se presentará un segundo informe de resultados de la auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2024.
“La Auditoría Superior del Estado, conforme a lo que marca el proceso jurídico, entregará un segundo informe el 30 de octubre, y ahí habrá más observaciones y más recomendaciones”, explicó.
Trinidad Palomares detalló que, una vez entregado el informe, los ayuntamientos contarán con un primer plazo de 30 días naturales para presentar sus aclaraciones o respuestas iniciales ante la autoridad auditora. Posteriormente, la ASE realizará una nueva revisión y dispondrán de otros 30 días para atender los señalamientos restantes.
El diputado subrayó la importancia de que los cuerpos técnicos y las áreas administrativas municipales trabajen de inmediato en la integración de los descargos y la documentación comprobatoria necesaria.
“Este es un proceso continuo, una especie de tubería de revisión en la que los auditores siguen trabajando mientras se entregan los informes parciales”, puntualizó.
Con este seguimiento, la Comisión busca garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y evitar que las observaciones se conviertan en responsabilidades administrativas o resarcitorias para los gobiernos locales.
