Javier Domínguez
8 de enero de 2026. Tuxtla Gutiérrez.—
La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Indígena, mantiene abierta una investigación tras el caso de una niña de 13 años, originaria de San Juan Chamula, que dio a luz en el Hospital de las Culturas, luego de que el área de Trabajo Social del nosocomio activara la alerta correspondiente y notificara al Ministerio Público.
El caso podría derivar en responsabilidades penales para el presunto padre, un adolescente de 17 años, pese a que, de acuerdo con los primeros reportes, ambas familias mantenían un acuerdo —avalado por autoridades tradicionales— para permitir la convivencia conyugal de los menores bajo el esquema de “usos y costumbres”.
Este marco normativo indígena, sin embargo, entra en conflicto con la legislación estatal, que sanciona los matrimonios infantiles con penas que van de 8 a 15 años de prisión.
La menor, cuya edad fue reportada inicialmente de manera errónea como de 10 años debido a la falta de registro civil al momento de su nacimiento, presentó complicaciones durante el parto que obligaron a su ingreso a Terapia Intensiva. Posteriormente fue estabilizada y tanto ella como su bebé se reportan fuera de peligro y en estado de salud estable, informó Alejandra Muñoz, integrante de la Red Aborta Libre.
La activista cuestionó la falta de aplicación inmediata del protocolo de la NOM-046, que obliga a investigar todo posible caso de violencia sexual contra menores. “Ella debió haber sido atendida bajo ese supuesto. Su cuerpo no estaba preparado para llevar un embarazo a término”, afirmó.
Hasta el momento no existe una denuncia formal por violación o abuso sexual por parte de los familiares, quienes se han amparado en el acuerdo comunitario. Las autoridades mantienen hermetismo sobre el avance de la investigación.
El caso ocurre en Chiapas, entidad que —según datos del INEGI— ocupa el primer lugar nacional en embarazos infantiles, con 757 nacimientos registrados en 2025 cuyas madres tenían entre 10 y 14 años, lo que evidencia la urgencia de atender la intersección entre derechos de la infancia, justicia penal y respeto a la autonomía de los pueblos indígenas.
