18 FUNCIONARIOS en la mira del Instituto de Transparencia en Chiapas

Por Cosme Vázquez

Alrededor de 20 servidores públicos municipales están en la palestra del análisis para que se les establezca multas por no entregar la información correspondiente, asegura Hugo Villar Pinto, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas.
Entrevistado, precisó que dos han sido multados, en tanto el resto está en la conversación para obligarlos a cumplir, dándoles un tiempo adecuado para hacerlo, después de esto si no cumplen se procedería a la amonestación y finalmente a la multa.
De los casos en proceso, los alcaldes o alcaldesas no están siendo sancionados ni multados, a ellos se les pregunta que señale a quién no haya cumplido con la información en el periodo correspondiente, por lo que nos vamos contra el Tesorero, responsable de Unidad de Transparencia, etc. Pero. Si estos no cumplen finalmente, entonces nos vamos con el presidente municipal o la presidenta municipal, con una amonestación pública, y si así no cumplen todavía hacemos una multa.
Recientemente se ha hecho una amonestación pública a un funcionario de Villaflores, al responsable de la Unidad de Transparencia y al Contralor. Ellos tienen que cumplir, pero si no lo hacen entonces irán en contra del presidente municipal de Villaflores, Mariano Rosales Zuarth.
Lo mismo sucede con Ocosingo, Escuintla, Arriaga y Tila, entre otros, por alguna denuncia, no cumplen con la publicación de la transparencia o no entregan a tiempo la información. Pero todos llevan el mismo camino: cumplir de manera obligada y si no lo hacen sanción y multa, aseveró.
En este contexto, dijo que han establecido un mecanismo para que las medidas de apremio sean justas, se brinda al sujeto obligado a defenderse, mediante una garantía de audiencia a modo que el sujeto obligado establezca todos los pormenores de por qué no cumplió o por qué no está cumpliendo.
Aunque se alarga un poco el proceso, pero da garantía, privilegiando a que cumplan, por lo cual se ha logrado mucho con este mecanismo.
Sin embargo, después de un largo ejercicio se ha iniciado con establecer medidas de apremio, que implican una amonestación pública, lo cual se ha hecho con algunos ayuntamientos, y en algunos casos se han establecido multas a los funcionarios responsables que no cumplieron con entregar la información.
Después de la amonestación, los sujetos obligados deberán cumplir en cinco días hábiles, pero puede variar dependiendo del caso y las circunstancias.
Un porcentaje de los municipios se encuentran con problemas sociales, políticos, territoriales, lo que no les permite cumplir, por lo que se hace la verificación, y atendiendo a las circunstancias, como el que no puedan accesar a donde está la información y documentos, en el pleno del Instituto establecemos suspensión de términos, a efecto de que superando las circunstancias cumplan, para lo cual deberán estar informando de cuál es situación al día.