- Se firma convenio con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social para mejorar atención en salud a personas privadas de su libertad
- “Son muchas las tareas que hemos hecho para abrir las puertas del Seguro Social a personas que históricamente habían estado excluidas de la seguridad social”: Zoé Robledo
CDMX.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reactivó el Comité de Derechos Humanos que se creó en 2016 y llevó a cabo su primera sesión ordinaria, con la presencia de autoridades de las Secretarías de Gobernación (Segob), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Salud, así como del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Durante la sesión, realizada en la Sala del H. Consejo Técnico del IMSS, se llevó a cabo la firma de convenio con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, el cual permitirá identificar problemas que históricamente las instituciones no habían identificado como de su competencia.
El director general del Seguro Social y presidente del Comité de Derechos Humanos, Zoé Robledo, destacó que se lograrán cuatro objetivos en los centros penitenciarios federales: estrategias de salud pública preventiva; acceso a visitas específicas a trabajadores de IMSS-Bienestar en casos que se necesario; apoyo al personal médico de centros penitenciarios federales y acompañamiento para mejorar la atención de las personas privadas de la libertad, así como intercambio de información.
“Creemos que el crecimiento que engrandece la historia del IMSS es ampliar su lógica de protector de derechos humanos. Y en ese sentido, son muchas las tareas que hemos hecho para abrir las puertas del Seguro Social a personas que históricamente habían estado excluidas de la seguridad social, pero también de asumir responsabilidades respecto a la forma como se fue transformando todo el marco nacional respecto a la protección de los derechos humanos y a las garantías que debemos de ofrecer como instituciones”, señaló.
En el comité también se anunció el Procedimiento IMSS NOM-046 para detección, atención médica y orientación en casos de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que con el convenio se establecen las bases, mecanismos y acciones conjuntas en beneficio de quienes se encuentran en alguno de los 14 centros penitenciarios federales.
“Para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy importante que la atención que se brinde en materia de salud se distinga por su calidad y humanismo; ahora las personas privadas de la libertad tendrán mejores servicios de salud, más jornadas médicas, así como mayor facilidad para su recepción y valoración hospitalaria”, enfatizó.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, resaltó la importancia de garantizar, más allá del derecho humano a la salud y el acceso a servicios de calidad, otros derechos humanos fundamentales, como los asociados a una vida libre de violencias, atención específica a grupos vulnerables desde la diversidad sexual y, particularmente, los dirigidos a las niñas y los niños, «en donde creo que uno de los retos ahora también, como lo ha insistido mucho el presidente de la República, es recuperar, humanizar la atención que el Seguro Social da a sus derechohabientes».
En este sentido, enfatizó que lo que se ha tratado de impulsar estos cuatro años de gobierno, y se empieza a lograr, es terminar con la fragmentación que se tenía de la política en materia de derechos humanos, además de dar este enfoque a todas las políticas y programas públicos con perspectiva de género y la premisa fundamental de garantizar siempre el trato digno responsable que el Estado debe brindar.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, dijo que el papel que hoy tiene el IMSS es una oportunidad de oro para garantizar todos los derechos, pero sobre todo el derecho a la salud sexual y reproductiva.
“Esto tiene que estar en el centro, la mitad de la población es usuaria de servicios y estamos seguras de que con este compromiso vamos a ver hospitales que dan servicios de prevención, pero también servicios de calidad. ¡Enhorabuena! Es histórico esto, porque habla del compromiso del gobierno de México con la igualdad sustantiva», dijo.
Señaló que era una deuda y era incomprensible por qué no se ejecutaba, “esto es parte de la enorme transformación que vive nuestro país en torno a poner en el centro los derechos de las mujeres todos los derechos y los derechos sexuales y reproductivos son parte de éstos».
La directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) de la Secretaría de Salud, Karla Berdichevsky Feldman, afirmó que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública con consecuencias que pueden ser inmediatas, agudas, duraderas y crónicas, e incluso mortales para las víctimas.
Recordó que datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (Endireh) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que 70 por ciento de las mujeres a partir de los 15 años sufrió violencia alguna vez en su vida; en el año de la encuesta, una de cada tres reportó haber enfrentado maltrato psicológico y una de cada cinco sufrió violencia sexual.
Ante este panorama, la Secretaría de Salud aplica acciones como la Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia y este año se publicó la segunda edición del Lineamiento técnico de aborto seguro, con la participación del IMSS, que ampara el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de presentar una denuncia.
La directora de Prestaciones Médicas del IMSS, Célida Duque Molina, señaló que, en cuanto a la política institucional para la atención a la salud de grupos en situación de vulnerabilidad con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, en enero del año en curso se establecieron estrategias y acciones para atender a personas con alguna condición de vulnerabilidad, quienes son más susceptibles a la afectación en salud.
Refirió que con esta política se aplicará un abordaje sistémico e institucional, además de que es la primera en su género; con ella se garantizará la atención a más de 10 millones de derechohabientes en el IMSS ordinario, y también se espera tener un impacto a nivel nacional e internacional.
