Magistrados y juristas manifestaron su desacuerdo con el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum incurriera en desacato a la orden impuesta por una jueza para que eliminara del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la reforma judicial, y advirtieron que con esta decisión cualquier ciudadano está expuesto a que otra autoridad incumpla con las suspensiones de amparos cuando no les favorezcan.
Carlos Soto, magistrado de circuito, escribió en su cuenta de X que las declaraciones de Sheinbaum durante la conferencia matutina del viernes, en las que aseguró que no bajará el decreto y anunció que denunciará a la jueza ante el Consejo de la Judicatura, muestran un mensaje claro de que su gobierno no acatará las resoluciones que no les gusten.
Ante ello, Soto dijo que «ya saben los inversionistas lo que les espera» en caso de que tengan que ir a un juicio de amparo y la suspensión no le agrade a la autoridad.
Asimismo, el abogado especialista en materia fiscal, Jorge Esquerra, alertó que con la forma de actuar del gobierno actual, miembros del Ejército podría ser designados como funcionarios del Poder Judicial.
En ese sentido, el magistrado Carlos Soto comentó que ese era «el sueño del régimen»: permitir que el Ejército admita, deseche o prevenga demandas de amparo y así proyectar, resolver y negar amparos a la ciudadanía.
Durante sus conferencias matutinas, la presidenta se ha escudado en que no elimina el decreto porque los jueces pretenden «erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador, que está en el Congreso» y también ha argumentado que la Ley de Amparo no aplica a las reformas constitucionales.
Sobre este desacato, el magistrado federal Osiris Cedeño Muñoz explicó que lo que está pasando en el país es que el Poder Ejecutivo está destruyendo a los jueces para ir por los ciudadanos. «Una vez que estés indefenso, irá por ti», advirtió.
Por su parte, el abogado y profesor de derecho constitucional, Francisco Burgoa, alertó que el mensaje de Sheinbaum debilita el Estado de derecho al normalizar el desacato y recordó que «en una democracia constitucional, la ley debe ser igual para todos, o corremos el riesgo de que el incumplimiento se vuelva norma, no excepción».
Al igual que Cedeño y Soto, Burgoa advirtió que el desacato de la mandataria podría provocar una crisis en el país por una legalidadselectiva por parte de las autoridades, principalmente por aquellas afiliadas a Morena.
