Ciudad de México., 06 SEP.-La polémica reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador aumenta la influencia política en los nombramientos de juzgadores, socavando gravemente la independencia judicial México, advirtieron unas 60 organizaciones no gubernamentales (ONG) de América.
La propuesta, que pretende elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, fue aprobada el pasado 4 de septiembre en la Cámara de Diputados.
Aún se necesita la aprobación en el Senado, que es posible que se concrete la próxima semana, para que se pueda aplicar.
En un comunicado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una de las ONG firmantes, recordó que la reforma propone que todos los juzgadores de la SCJN sean electos por voto popular directo a partir de nominaciones impulsadas por los tres poderes.
“Esto incrementa el riesgo de influencias indebidas sobre la judicatura por parte de actores políticos, pero también del crimen organizado, degradando la profesionalización judicial”, apuntó.
“Además, se prevé el cese masivo de aproximadamente 1,800 personas juzgadoras, lo cual vulnera la garantía de inamovilidad, con un impacto directo en el acceso a la justicia de la ciudadanía”.
Polémicos “jueces sin rostro”
También dijo que se introduce la figura de los “jueces sin rostro”, rechazada por organismos internacionales de derechos humanos por vulnerar la imparcialidad e independencia judicial, así como el derecho de defensa.
Ante ello, las ONG llamaron a las autoridades mexicanas, especialmente al Senado, a que analicen con cautela la propuesta y sus implicaciones en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, tomando en cuenta la advertencia de organismos internacionales de derechos humanos.
Recordaron que el papel de la judicatura como garante de derechos y libertades y como contrapeso en un Estado democrático de derecho debe ser premisa fundamental.
Piden un diagnóstico objetivo de la reforma judicial
“Cualquier reforma requiere un diagnóstico objetivo, con soluciones acordes a los problemas identificados, sustentadas con evidencia técnica y empírica de experiencias análogas exitosas y compatibles”, agregó.
Las organizaciones señalaron que el Congreso debe asegurar que las reformas se ajusten a los estándares internacionales.
También, que permitan establecer un proceso de selección judicial basado en méritos y calificaciones, con participación efectiva de la sociedad civil y alejado de fines políticos.
“Es necesario cuidar que toda modificación garantice la independencia judicial, permitiéndoles ejercer sus funciones sin interferencias ni presiones de poderes externos”.
“Igualmente, los cambios deben asegurar presupuesto necesario para garantizar el acceso a la justicia”, apuntaron.
En riesgo la separación de poderes en México
Advirtieron que la comunidad internacional debe permanecer alerta, ya que se pone en riesgo la separación de poderes y el Estado de derecho al no asegurar a los mexicanos que habrá una judicatura independiente e imparcial.
Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento están Acción Cívica contra la Corrupción (Chile), Acción Solidaria (Venezuela), Apuesta Solidaria (México), Asociación Pro Derechos Humanos (Perú), Mesa Nacional para las Migraciones (República Dominicana), Movimiento Autónomo de Mujeres (Nicaragua).
Además del Observatorio de Derechos y Justicia (Ecuador), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA/Estados Unidos), la Oficina Jurídica para la Mujer (Bolivia) y Paz y Esperanza (Perú)
