Ciudad de México, 14 FEB.-Luego de analizar los 32 asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular en las elecciones de 2021, el Seminario Violencia y Paz de El Colegio de México advierte que la violencia electoral está afectando la democracia mexicana, al reducir las opciones del electorado y provocar miedo entre candidatos y electores.
La impunidad es uno de los rasgos característicos detectados por los investigadores de este proyecto en los asesinatos registrados en los comicios de hace tres años.
Sumado a ello, hay cuatro rasgos que caracterizan la mayor parte de los asesinatos documentados y analizados:
“Primero, la violencia electoral letal es eminentemente local, porque 85 por ciento de las 32 víctimas competían por cargos municipales. Segundo, estos ataques normalmente son contra opositores al alcalde en turno, como ocurrió en 25 de los 32 casos. Tercero, los homicidios electorales generalmente ocurren sin aviso y en ataques rápidos: no hubo amenazas previas en 28 de 32 casos y son ataques fulminantes: 29 de los 32 homicidios fueron ejecuciones a balazos. Cuarto, aunque los ataques ocurrieron durante todo el proceso electoral ―de septiembre de 2020 a junio de 2021―, es evidente que el paso de precandidaturas a candidaturas, en marzo de 2021, fue el momento clave para la violencia”.
El Seminario sobre Violencia y Paz investigó el asesinato de 32 candidatos y candidatas; desde el de Juan Jaramillo Frikas, aspirante a diputado federal en Morelos, ocurrido el 20 de septiembre de 2020, hasta el de Ricardo Almaraz, quien ya había sido electo síndico suplente en Tepotzotlán, Estado de México, y fue ultimado el 7 de junio de 2021.
En los resultados generales, el estudio señala que en 15 entidades hubo al menos un homicidio (el estado más letal fue Veracruz, con nueve casos).
Todos los partidos tuvieron víctimas, aunque Morena fue el más afectado, con ocho casos, seguido de Movimiento Ciudadano, con seis. En 15 de 32 casos hubo detenidos; sin embargo, no existe evidencia de que haya habido sentencias firmes contra los presuntos homicidas y los autores intelectuales.
Uno de los hallazgos más novedosos de este estudio tiene que ver con la posición política de las víctimas en el proceso electoral, resultando que la mayoría competían como opositores: 25 de 32 aspirantes eran opositores al gobierno municipal y, de ellos, 17 también eran de partidos opositores al gobierno estatal. Otros cinco eran del mismo partido del gobierno municipal, pero opositores al estatal. Es decir, sólo dos eran del mismo partido que los gobiernos municipal y estatal.
“Los perpetradores sólo asesinaron a 2 víctimas completamente oficialistas. Este hallazgo coincide con otros estudios sobre la violencia en México y se resume en una frase: el poder sigue disputándose a balazos”, concluye el estudio presentado hoy en el Colmex.
“Se enturbia la democracia”: advierten académicos de El Colegio de México
El proyecto, coordinado por el académico Sergio Aguayo y en el que intervinieron 23 investigadores más, advierte que la evidencia de las elecciones federales y locales de 2021 apunta hacia un incremento exponencial de la violencia, lo que pinta un panorama complicado para 2024.
“Los niveles tan altos de violencia están enturbiando la calidad de la democracia y la gobernabilidad del país. En especial, la violencia electoral, aquella intencionalmente implementada por los perpetradores para modificar tanto los resultados cuanto los procesos electorales, distorsiona las virtudes de un régimen democrático El panorama es negro y turbio para las elecciones mexicanas. Si tomamos en cuenta que uno de los mayores logros de la transición mexicana a la democracia fue su carácter pacífico, la creciente violencia electoral resulta cada vez más perturbadora tanto para la democracia, como para las instituciones electorales en México”.
Finalmente, el proyecto de investigación busca explicar las causas de la violencia electoral, y concluye que la lógica criminal no es la única responsable. De hecho, sólo 11 de 32 homicidios pueden atribuirse claramente a organizaciones criminales.
En otros 11 casos, los investigadores concluyeron que los perpetradores buscaban un beneficio en la contienda electoral; en seis casos se mezclan las razones criminales y políticas, y en cuatro las causas eran personales.
“Estos datos son muy graves por diversas razones. En primer lugar, las organizaciones criminales han acotado efectivamente a la democracia mexicana, teniendo la capacidad de decidir quiénes tienen derecho a competir y quiénes no. En segundo lugar, que los partidos no sólo no están a la altura del reto, sino que ellos mismos están resolviendo la lucha por el poder a balazos. En otras palabras, no sólo han dejado que las organizaciones criminales llenen vacíos de poder, sobre todo local, sino que están replicando sus técnicas para resolver la lucha por el poder público. Tercero, el grado de descomposición de la democracia mexicana hace que la línea entre las actividades políticas y las criminales llegue a ser difusa con una frecuencia alarmante”.
