Ciudad de México, 29 MAY.-Un grupo de juzgadores solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver en definitiva antes de septiembre el primer amparo que invalidó en conjunto las reformas judicial y de supremacía constitucional.
En un escrito presentado esta tarde en la Oficialía de Partes, el grupo encabezado por Leonel Castillo González, ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), urgió a la Corte reasumir su competencia para resolver lo antes posible esta demanda, porque después de agosto, con la llegada de los juzgadores electos, la afectación puede ser radical para los impartidores de justicia que serán cesados y relevados del cargo.
El amparo que solicita resolver a la SCJN fue otorgado en enero pasado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo de Querétaro a Castillo González y decenas de jueces y magistrados contra las dos reformas referidas.
«A pesar de la vigilancia e impulso constante de nuestra parte, ni siquiera se han podido poner en estado de sentencia, de manera que como van las cosas, el dictado de la sentencia seguramente tardará algunos meses más, y con esto, la respuesta a nuestra solicitud habría de darse después del mes de agosto del presente año, con lo que se verían afectados radicalmente varios de los quejosos, a los que se les exigiría cesar de inmediato en el puesto que desempeñan, a pesar de contar con la suspensión de los actos reclamados y el otorgamiento del amparo en primera instancia, dice el escrito dirigido al Pleno de la Corte.
«En esas condiciones, consideramos factible jurídicamente que por las circunstancias que rodean al caso, la Suprema Corte puede agilizar el procedimiento, mediante la solicitud al Tribunal Colegiado de una copia certificada de la sentencia recurrida y algunos otros documentos, para verificar, bajo la óptica de la buena apariencia del derecho, si esos medios de impugnación están en aptitud de superar los requisitos de admisibilidad y procedencia, y el de procedencia del juicio de amparo, y en su caso acordar la reasunción pedida y entrar al estudio del fondo a la mayor brevedad posible, para superar la incertidumbre jurídica que prevalece, a pesar de que se pretenda acallar con las acciones gubernamentales cotidianas».
Argumenta que este asunto de la mayor trascendencia jurídica porque en el amparo que le concedieron en primera instancia, el juzgado sentenció que es inconstitucional el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que son improcedentes los amparos contra reformas a la Constitución.
Por lo anterior, estimó que los planteamientos de las autoridades federales contra ese fallo no deben ser resueltos por un tribunal colegiado, sino por la Suprema Corte, máxime que no existe sobre esta cuestión una jurisprudencia obligatoria y porque el juicio de amparo constituye el recurso efectivo exigido por los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.
Castillo criticó en su escrito la decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), tomada en enero pasado, de concentrar en unos juzgados y tribunales de Jalisco todos los amparos que se presentaron a nivel nacional contra la reforma constitucional y de supremacía constitucional.
En su opinión, ese acuerdo general del CJF carece de fundamento y sentido lo único que ha provocado es prolongar deliberadamente la resolución de los amparos «probablemente para que la actual integración de la Corte no alcanzara a resolverlos».
Además, esos órganos jurisdiccionales de Jalisco desconocían totalmente estos litigios y fueron abrumados con una carga de trabajo que, en lugar de acelerar el flujo de las resoluciones, se detuvo, a tal grado que después de meses no han comenzado a resolver.
«Todos los mexicanos tenemos la responsabilidad insoslayable de fijar una posición clara, en sus ámbitos de acción, frente a las decisiones inéditas del gobierno actual, sorteando los obstáculos que pudieran impedirlo, y quienes acudimos a las vías jurídicas, lo estamos haciendo», aseveró el ex presidente del Tribunal Electoral.
«La Suprema Corte de Justicia, como tal, no ha cumplido con ese deber cívico y patriótico, mediante el dictado de una sentencia, que es su función natural, al verse arrastrada y ser aquiescente con las actitudes obstruccionistas de algunos de sus miembros, auspiciadas desde el gobierno, con lo que el tiempo se acorta día con día».
«Señoras y señores Ministros, la decisión queda en sus manos. La Historia no se ocupa de las buenas intenciones, sino de la huella que dejamos en el efímero tránsito por la vida, a través de la participación en los hechos y actos del tiempo y las circunstancias que nos tocó vivir».
