Hablando de Derechos, por Guillermo Asseburg Archila
El 1 de junio está a poco más de una semana y México enfrenta una oportunidad histórica: la elección de quienes integrarán el Poder Judicial en sus más altas instancias. Este proceso no puede ser visto como un mero trámite político, sino como la posibilidad de sentar las bases de una justicia independiente, transparente y comprometida con el Estado de Derecho.
En los últimos años, la credibilidad de las instituciones judiciales se ha visto erosionada por decisiones opacas, conflictos de interés y la percepción de que la impartición de justicia responde más a intereses, deseos, filias o fobias particulares, que al mandato constitucional.
Para revertir esta crisis de legitimidad, es imperativo que las y los nuevos integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros, sean personas de probada honorabilidad, mujeres y hombres con trayectorias intachables y un compromiso irrenunciable con la legalidad.
México, Chiapas y cada una de las personas que en su territorio habitan y conviven, necesitan jurisprudentes que no solo conozcan a profundidad el Derecho, sino que también entiendan su papel como garantes de los derechos ciudadanos. Deben ser profesionales que resistan las presiones del poder político y económico, que rindan cuentas con claridad y que prioricen el interés público sobre cualquier agenda particular. La transparencia en sus decisiones y la rendición de cuentas deben ser principios irrenunciables.
Además, la integración del Poder Judicial deberá reflejar, más allá de la mera cuota de género ya normada, la diversidad de la sociedad mexicana, incorporando no solo a juristas destacados, sino también a mujeres y hombres que representen los valores de equidad, ética y pluralidad que demanda el país. Una justicia verdaderamente democrática no puede construirse desde la opacidad o el corporativismo.
Este es el momento para dejar atrás décadas de simulación y malas prácticas. La ciudadanía exige, con urgencia, un sistema judicial humanista, que inspire confianza, que castigue la corrupción y que proteja los derechos de todas las personas sin distinción. Solo así podremos consolidar un auténtico Estado de Derecho.
El llamado es claro: quienes aspiren a formar parte del Poder Judicial deben ser las y los mejores, no los más conectados. México merece una justicia ejemplar, y esa responsabilidad comienza el 1 de junio.
