Ciudad de México, 15 MAY.-Por instrucciones de la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump comenzó a cancelar visas a funcionarios mexicanos que considera vinculados al narcotráfico. Entre los afectados figuran líderes del partido Morena, gobernadores estatales y excolaboradores del expresidente Andrés Manuel López Obrador, según reveló una investigación de ProPublica publicada este 15 de mayo.
Entre los nombres incluidos en la lista de funcionarios señalados por agencias estadounidenses figuran políticos cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum, según confirmaron tres funcionarios norteamericanos a ProPublica bajo condición de anonimato.
La medida alcanza a integrantes de su partido, gobernadores en funciones y exintegrantes del gabinete de López Obrador, lo que representa un desafío directo a la narrativa de limpieza institucional que Sheinbaum ha intentado construir desde el inicio de su mandato.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó en conferencia de prensa que su visa fue revocada, al igual que la de su esposo, un exdiputado federal. “El hecho de que el Departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo”, afirmó. La administración de Claudia Sheinbaum solicitó explicaciones formales a Washington, pero recibió como respuesta que se trata de un asunto confidencial.
El listado de funcionarios mexicanos señalados —según fuentes estadounidenses citadas en el reportaje— fue elaborado por agencias de inteligencia y de combate al narcotráfico, y contempla a decenas de personas. Entre los nombres mencionados extraoficialmente está el del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aunque su vocero negó que haya sido notificado oficialmente.
Tres funcionarios estadounidenses señalaron que, además de las cancelaciones de visas, podrían imponerse sanciones del Departamento del Tesoro que congelen activos en EU y prohíban relaciones comerciales. Marina del Pilar aseguró no tener cuentas bancarias en ese país y que no enfrenta sanciones adicionales.
La operación es dirigida por un pequeño equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca, bajo la supervisión de Stephen Miller y del asesor adjunto Anthony Salisbury. La medida, respaldada por la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, permite negar la entrada a personas que el gobierno “tenga motivos razonables para creer” que colaboran con redes de narcotráfico.
El endurecimiento de la política exterior hacia México ocurre en paralelo con la campaña de Trump contra el fentanilo. Washington ha catalogado a algunos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y, de acuerdo con ProPublica, incluso se ha explorado la posibilidad de tomar acciones militares unilaterales.
El excanciller Arturo Sarukhán advirtió que más acciones de este tipo podrían tensar aún más la relación bilateral. “A Sheinbaum le da el pretexto perfecto para culpar al imperialismo estadounidense de todos los males”, declaró.
El expediente actual retoma una lista elaborada en 2019 por la DEA, cuando el gobierno de López Obrador suspendió la cooperación antidrogas con Estados Unidos. Esa investigación derivó en la acusación y condena en Nueva York del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.
Sheinbaum ha buscado diferenciarse de su antecesor en el combate a la corrupción. En un mensaje reciente al Congreso de Morena advirtió: “No puede haber colusión con el crimen, ni organizado ni de cuello blanco”.
