Cd. de México (02 noviembre 2022).- Las cámaras y asociaciones involucradas en la fabricación, importación, distribución y arrendamiento de vehículos de carga y pasaje, así como en el transporte, pidieron a la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SICT) no frenar los trámites en dichos sectores lo que resta del año.
A causa del hackeo que sufrió, la SICT determinó, a través de un «acuerdo» publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), suspender hasta el 31 de diciembre los trámites y permisos del sector del autotransporte y aéreo.
Ante ello, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y de Transportistas Mexicanos (Conatram), así como las Cámaras de la Industria de la Transformación (Canacintra), del Autotransporte de Carga (Canacar) y del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) exhortaron a las autoridades a trabajar coordinadamente para resolver este problema, por lo que urgieron a instalar una mesa de trabajo con la SICT.
La solicitud también fue hecha por las Asociaciones de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), de la Industria Automotriz (AMIA), de Transporte Privado (ANTP), de Distribuidores de Automotores (AMDA), de Arrendadoras de Vehículos (Amave) y la Industria Nacional de Autotransportes (INA).
«Si bien teníamos conocimiento de que el ataque informático del que fue objeto la SICT afectó el desahogo de los trámites en proceso de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), nos sorprende y desconcierta ver el contenido del mencionado acuerdo, ya que son un freno a la operación del sector automotor y la cadena de valor del transporte de carga y pasaje de nuestro país, que no podemos resistir la detención de los trámites de control vehicular durante dos meses», señalaron los organismos en una carta enviada a la Secretaría.
«Estamos conscientes de que la Secretaría presenta un problema, pero éste debe encontrar una solución emergente a la mayor brevedad posible, mediante procedimientos acordes a las necesidades de la Secretaría, pero no a costa de obstaculizar el desempeño de los gobernados, ya que suspender el desahogo de los trámites en proceso y el desarrollo de los nuevos implicaría un serio problema tanto a propietarios de equipo como operadores, con la evidente repercusión a la economía de los mismos, afectada de por sí por la pandemia», advirtieron en su misiva a la dependencia.
Las agrupaciones requirieron instaurar a la mayor brevedad posible un grupo de trabajo interdisciplinario con representación de todas las cámaras y asociaciones involucradas, para desarollar soluciones a la contingencia que hoy se enfrenta.
«Es importante mencionar que las autoridades de la SICT y las partes afectadas sostienen conversaciones y se espera que en las próximas horas se instale la mesa de trabajo para encontrar soluciones que permitan al autotransporte trabajar sin ninguna contingencia», acotaron en un nuevo comunicado emitido la tarde de este miércoles.
Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Canacar, subrayó ayer que el freno a los trámites de la SICT afecta directamente a los permisionarios del autotransporte.
«El acuerdo tiene efecto en los documentos que ya han sido emitidos, como permisos, licencias, entre otros, y está claro que en caso de vencerse, tienen prórroga hasta diciembre próximo, pero lo que no nos queda claro es qué pasa con los trámites que están en proceso y que va a suceder con los trámites nuevos», dijo a Grupo REFORMA.
La suspensión se hace en temporada alta, en donde la demanda de transporte se incrementa alrededor del 20 por ciento, por el Buen Fin y el fin de año, destacó Muñoz el martes.
Además, esto complicará que las empresas de transporte contraten operadores para afrontar la escasez de conductores que padece el sector.
«Si no se establece un plan para atender esta situación, se corre el riesgo de que se colapsen las cadenas de suministro en México y de América del Norte», mencionó.
Por su parte, Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la ANTP, indicó que una medida alterna para la SICT es que otorgue permisos temporales con vigencia de tres a cinco meses a las unidades nuevas, para que éstas puedan circular y se les otorgue un número de identificación con el número de serie de la unidad en cuestión.
