Ciudad de México, 11 MAY.-El pasado 6 de mayo Alexa y Leidy, niñas de 7 y 11 años, fueron asesinadas en Badiraguato, Sinaloa. Los primeros reportes indicaron que ocurrió durante un presunto enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad; sin embargo, familiares acusan que fue un ataque directo de parte del Ejército al confundir el vehículo en el que viajaban.
Este no es el único caso registrado. Desde el inicio de la ola de violencia en Sinaloa han sido asesinados al menos 39 menores.
Mientras que, a nivel nacional, según los datos publicados el 17 de abril de 2025 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a marzo de este año se han registrado 570 homicidios de niñas, niños y adolescentes en todo el país, siendo Guanajuato; con 77 casos, la entidad con mayor cantidad de víctimas de este delito, seguido de Michoacán con 65 casos, Oaxaca con 48 y Jalisco con 45.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo, además, las autoridades deben llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida, sin embargo, esto no se ha cumplido.
Juan Martín Pérez García, coordinador regional de la organización Tejiendo Redes Infancia, dijo en entrevista con Animal Político que el contexto de violencia se ha ido normalizando a partir del 2007 con la llamada “guerra contra el narco” y cuando se empezó a hablar de víctimas eran colaterales, pero a partir del 2010 se comenzaron a observar ataques directos en contra de los menores de edad.
“A partir de ahí, todos los indicadores nos muestran un incremento de homicidios y de desaparición, pero lo más grave de todo esto, es un deterioro de la institucionalidad del Estado mexicano. En ese contexto, la violencia se fue generalizando con efectos muy lamentables para toda la población, pero especialmente ha afectado a los niños y las niñas”.
Esta situación también se ha reflejado en la percepción de seguridad que tiene la población. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detallan que, durante el primer trimestre de 2025, el 61.9% de la población considera que es inseguro vivir en su ciudad, además, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revela que el 44.8% de la población ha decidido modificar sus hábitos y evitar salir de casa por temor a la inseguridad.
En el contexto de las infancias, no existe ningún estudio o métrica que asocie los casos de homicidios de niñas y niños directamente con el combate contra el crimen organizado.
Juan Martín Pérez García explica que durante el sexenio del expresidente Felipe Calderon Hinojosa, se intentó llevar un registro sobre las muertes de menores de edad ocasionadas por el combate contra el crimen organizado, no obstante, fue una práctica que no se concluyó y que tampoco siguieron los demás presidentes.
“No hay datos oficiales que asocien la muerte o el homicidio de un niño o una niña con la guerra contra el crimen. Son homicidios dolosos y homicidios culposos. Hubo un intento todavía en el sexenio de Calderón de llevar un registro de las muertes vinculadas a la lucha contra el crimen y en aquel tiempo, en ese primer ejercicio, se quedó en un corte de 35 mil casos, pero a partir de Peña Nieto se han negado y por supuesto López Obrador y Claudia Sheinbaum se han negado a poder hacer este recuento”, dijo el coordinador de Tejiendo Redes infancia.
Violencia contra las infancias: REDIM contabiliza 7 asesinatos diarios de menores de edad
Todos los días se asesinan niños, niñas y adolescentes, datos recabados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) durante la administración de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, detallan que, en promedio, se registran 7 asesinatos diarios de menores de edad, mientras que durante la administración del expresidente Andres Manuel Lopez Obrador, ocurrieron un promedio de 6.6 asesinatos diarios, lo que significa un aumento del 0.4% en 7 meses de haber iniciado el sexenio.
Para Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia, los asesinatos no son la única problemática que enfrentan. También está el reclutamiento forzado, una práctica que ha aumentado a la par que la incidencia del crimen organizado en los últimos años.
“Creo que es muy importante mirar que otro de los impactos graves de la violencia en niños y adolescentes es el reclutamiento, que lo hemos estado documentando desde hace 15 años y donde la complicidad, la omisión y la quiescencia de las autoridades ha permitido que aunque es un crimen de guerra y es una observación realizada a México desde hace 14 años por el Comité de Derechos del Niño, siga manteniéndose sin certificado y en total impunidad este crimen que afecta principalmente a hombres adolescentes y hombres jóvenes”, recalcó.
Aunque actualmente no hay cifras oficiales sobre la cantidad de menores que han sido reclutados por el crimen organizado, la organización Tejiendo Redes Infancia, ha alertado que existen entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes que fueron atraídos a participar en las células delictivas con la promesa de acceder a mejores condiciones de vida, sin embargo, estas promesas son falsas y solo han propiciado el aumento de menores de edad desaparecidos.
En datos, según el último informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), publicado el 14 de marzo de este año, desde 1952 hasta la actualidad, se tiene registro de 112, 579 menores de edad desaparecidos o no localizados, de los cuales 17, 349 siguen sin regresar a sus hogares.
Estrategia de seguridad de Sheinbaum no prioriza a las infancias
Juan Martín Pérez García explica que la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum consta de 4 ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas, está incumpliendo con las leyes, pues no priorizan los intereses de la niñez ni brinda una vida libre de violencia, como se establece en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“La estrategia de seguridad, en qué gastamos como país y qué priorizamos, tiene que cumplir el artículo 4º constitucional y eso no se está haciendo. La Ley General de Derechos de Niños y Niñas establece que tienen derecho a una vida libre de violencia. Y esto no está sucediendo”, afirmó.
Finalmente, Pérez García exhortó a las autoridades a cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos enfocados a las infancias y adolescencias, además de mejorar las condiciones de vida que han sido afectadas por la situación de violencia que existe desde hace años.
