Por Alfredo Maza
Ciudad de México, 26 de septiembre de 2025.- Si la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Ley de Amparo se aprueba sin cambios, los principales perjudicados serán los ciudadanos y colectivos, mientras que las autoridades podrían resultar beneficiadas, advirtieron abogados, académicos y organizaciones civiles.
El proyecto, que ya se analiza en el Senado, plantea modificaciones a figuras clave como el “interés legítimo”, la suspensión en casos de prisión preventiva oficiosa y el acceso a la justicia en línea. Estos cambios, según especialistas, pueden traducirse en un retroceso en el acceso a la justicia, mayor incertidumbre jurídica y limitaciones para la defensa de derechos fundamentales.
Entre los derechos en riesgo se encuentran los individuales —como la vida, libertad, patrimonio y seguridad jurídica—, así como los colectivos, particularmente los de pueblos originarios, la comunidad LGBTQ+ y el derecho a un medio ambiente sano.
Organizaciones como la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han solicitado a la presidenta abrir un proceso de consulta. Subrayan que la iniciativa no solo tiene efectos técnicos, sino también sociales y políticos que requieren un análisis amplio.
“El ciudadano pierde y la autoridad gana”, advirtió el exmagistrado Miguel Bonilla López, investigador de la Escuela Libre de Derecho, quien participó en una mesa organizada por la BMA. Señaló que, aunque la intención de la reforma sea acelerar juicios de amparo, su redacción deficiente provocará que los ciudadanos enfrenten más obstáculos para defenderse de actos arbitrarios.
Para Ana María Kudisch, presidenta de la BMA, la propuesta es “regresiva” porque genera interpretaciones ambiguas y deja a los ciudadanos en un estado de incertidumbre. A su vez, especialistas alertaron que la reforma también pone en riesgo a los propios jueces de amparo, quienes podrían ser objeto de sanciones por parte del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial debido a interpretaciones controvertidas.
El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México calificó la iniciativa como un “retroceso histórico” en la defensa de los derechos humanos, ya que debilita el concepto de interés legítimo —que permitió a comunidades detener proyectos con impactos ambientales— y restringe la figura de la suspensión, un mecanismo clave para proteger a inocentes de prisión preventiva o para frenar daños irreparables.
“El juicio de amparo ha sido el instrumento más efectivo de defensa ciudadana frente al poder. Cualquier intento por limitarlo erosiona no solo el acceso a la justicia, sino también los pilares de la democracia en México”, advirtió el gremio en un pronunciamiento.
De aprobarse en sus términos, la reforma abriría un escenario incierto donde la ciudadanía tendría menos herramientas para exigir justicia, mientras que el Estado se blindaría con mayor facilidad frente a cuestionamientos. El debate ahora está en manos del Congreso, donde organizaciones y colegios de abogados han hecho un llamado urgente para frenar lo que consideran un retroceso en materia de derechos humanos.
