Ciudad de México, 30 JUN.-Con 75 votos a favor y 34 en contra, el Pleno del Senado aprobó este lunes, la nueva Ley de la Guardia Nacional (GN), un paquete legislativo que formaliza su plena integración a la Secretaría de la Defensa y profundiza el carácter castrense de la seguridad pública en México.
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, también abre la puerta a que militares activos participen en política y accedan a cargos de elección popular, lo que la oposición ha calificado como un “punto de no retorno” en la militarización del país.
El dictamen aprobado modifica ocho leyes y expide una nueva: convierte a la Guardia Nacional en una Fuerza Armada permanente, le otorga facultades de inteligencia, operaciones encubiertas, uso de identidades simuladas e intervención de comunicaciones privadas, todo sin orden judicial ni supervisión independiente. Lo que antes era una corporación híbrida, con mando civil, queda ahora subordinada de forma directa y operativa al alto mando militar.
Oposición acusa “punto de no retorno” en la militarización del país
Durante la discusión, el senador del PRI Néstor Camarillo arremetió contra la mayoría oficialista por haber legislado —dijo— “al vapor” y sin escuchar las alertas de especialistas, colectivos y organismos internacionales.
“Esta no es una ley de seguridad, es una ley de control. No combate al crimen, criminaliza al ciudadano”, sostuvo desde tribuna.
”Nos prometieron abrazos, no balazos; hoy esa promesa es una cruel burla. Vivimos bajo un régimen de miedo y vigilancia”, Néstor Camarillo.
Camarillo alertó que esta reforma institucionaliza la vigilancia masiva, al permitir el uso de herramientas como la geolocalización en tiempo real, el espionaje a redes sociales y la obtención de datos personales, sin controles efectivos ni obligación de rendir cuentas. “Se está militarizando no solo la seguridad, sino la política y la vida civil del país”, acusó.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, se sumó a la crítica y recordó que en 2019 su bancada respaldó la creación de la Guardia Nacional bajo el compromiso de que mantendría un mando civil y retornaría el Ejército a los cuarteles.
“Legalizan la intervención militar en funciones que corresponden al poder civil. Se institucionaliza la opacidad y se vulneran los derechos humanos”, reclamó. También advirtió que las atribuciones conferidas a la GN —como las operaciones encubiertas— ya fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte en 2023. “El Senado está renunciando a su papel como contrapeso”, sentenció.
Entre los puntos más preocupantes que MC enlistó destacan la desaparición del mando civil, la debilitación de las policías estatales, el uso de usuarios simulados, la permanencia de la GN en tareas migratorias y la falta de control parlamentario.
Desde el PAN, el senador Enrique Vargas del Villar ilustró su posicionamiento con videos que mostraban las promesas de campaña de Morena de regresar al Ejército a los cuarteles, promesas que —acusó— hoy han sido traicionadas.
”El Ejército no puede ser policía de barrio. Hay más de 700 municipios sin policías municipales. Esta reforma no es la solución a la inseguridad”, Enrique Vargas del Villar.
El senador recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó en 2016 a México un plan para retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública.
“En este sexenio asesinan a un policía diario, y el gobierno federal no invierte un peso en fortalecer a las policías locales. Lo que se necesita es reconstruir el modelo civil de seguridad, no claudicar ante el fracaso”, acusó.
La senadora oficialista Simey Olvera de Morena, de Morena, fue la encargada de presentar el dictamen de la Comisión de Estudios Legislativos Primera y minimizó los señalamientos de militarización. Al defender la enmienda presidencial, aseguró que la reforma simplemente armoniza leyes secundarias con la reforma constitucional aprobada previamente.
“El dictamen fortalece a la Guardia Nacional y le da estructura e identidad institucional. Esta no es una reforma militarista, sino de consolidación”, Simey Olvera.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, ex priista, respaldó la reforma al argumentar que ya no se trataba de discutir el mando militar —pues ya está en la Constitución— sino de “no dejar en el limbo jurídico a miles de elementos que hoy carecen de derechos laborales, becas o estímulos”.
“El debate hoy es si somos congruentes con lo que ya aprobamos. No se puede tener soldados sin ley, ni instituciones sin certeza”, Jorge Carlos Ramírez Marín.
Desde el PT, Liz Sánchez rechazó que se trate de una militarización. Afirmó que el mando supremo sigue siendo civil —la Presidencia— y que el nombramiento de la comandancia requerirá ratificación del Senado.
”La reforma dignifica a los elementos, elimina figuras discriminatorias, y les otorga derechos y prestaciones equivalentes al resto de las Fuerzas Armadas”, Liz Sánchez.
También señaló que la reforma permitirá a la GN fabricar y adquirir directamente su equipamiento y armamento, con autonomía logística y capacidad de despliegue en zonas marginadas. “Se responde a la exigencia de paz con dignidad que ha planteado el pueblo de México”, dijo.
Militares activos podrán postularse a cargos de elección popular
Uno de los puntos más controvertidos del nuevo marco legal es la posibilidad de que los militares activos puedan postularse a cargos de elección popular. Para la oposición, esto representa una ruptura con el principio de neutralidad política de las Fuerzas Armadas. “Si quieren hacer política, que pidan su baja y se vayan a hacer campaña, no que usen el uniforme como trampolín electoral”, sentenció Camarillo.
Pese a las críticas, la mayoría legislativa respaldó el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, que convierte a la GN en el eje central de su estrategia de seguridad 2024-2030. La apuesta es reforzar el músculo militar del Estado y profundizar la presencia territorial de dicha corporación, ahora bajo el control de la Defensa.
Pero para la oposición, lo que se consolida es un modelo de vigilancia sin controles, sin transparencia y con riesgos claros para los derechos civiles. En un país con más de 100 mil personas desaparecidas y una creciente desconfianza en las instituciones, advierten, entregar la seguridad a los cuarteles no solo es un error, sino un retroceso histórico.