En la Mira, por Héctor Estrada
En México alrededor del 90 por ciento de las llamadas de extorsión sobre presuntos secuestros son falsas; y casi seis de cada 10 provienen de penales federales. Se trata de un fenómeno delictivo que se ha agudizado durante los últimos años, aprovechando la exposición de la vida privada en redes sociales y la incertidumbre generada por el crimen organizado en algunas entidades del país.
Los “secuestros virtuales” se han convertido en un tema de atención para las autoridades de seguridad nacional, pues los casos reportados han alcanzado a prácticamente toda la república, especialmente a entidades de alta actividad turística, como Chiapas, donde los turistas se vuelven presa fácil de los estafadores a larga distancia.
El último caso en la entidad chiapaneca ocurrió apenas en junio del año pasado cuando una pareja de jóvenes turistas, provenientes de otra entidad, fueron contactados vía telefónica por personas desconocidas, quienes les aseguraron tenerlos localizados y estar a punto de ser secuestrados por grupos del crimen organizado.
La pareja sentimental, menores de 20 años, se encontraban de vacaciones en San Cristóbal de las Casas. La persona detrás del teléfono desconocido les aseguró saber su ubicación y tenerlos acorralados, por lo que les solicitó un contacto para pedir dinero a cambio de no ser raptados y asesinados por grupos criminales en Chiapas.
Mediante un modus operandi bastante practicado por los delincuentes, las víctimas terminaron encerradas dentro de su propia habitación de hotel en un tenso intercambio de llamadas que los mantuvo así durante alrededor de dos horas. Fueron ellos mismos quienes, aterrorizados, facilitaron fotografías a los extorsionadores para solicitar el rescate a cambio de 300 mil pesos.
Sin embargo, el padre de una de las víctimas decidió denunciar ante autoridades de su entidad lo que estaba ocurriendo en Chiapas. Así, mediante un trabajo de colaboración con la fiscalía chiapaneca, finalmente se detectó que la llamada ni siquiera se había generado en Chiapas, provenía de extorsionadores que operan dentro de penales federales y, por lo tanto, se trataba de un “secuestro virtual”.
Los extorsionadores habían conseguido las ubicaciones exactas de las víctimas de las mismas publicaciones realizadas en sus redes sociales. Registros compartidos de ubicación en hoteles, restaurantes y números telefónicos públicos se habían convertido en herramienta para fingir todo el proceso.
Apenas este martes, 3 de febrero, el propio gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció haber tenido conocimiento de un episodio similar, en el que uno de sus homólogos le llamó para solicitarle apoyo respecto al presunto secuestro de unos turistas en Chiapas, cuyo caso que terminó confirmándose como un “secuestro virtual” emanado de una prisión federal fuera de la entidad.
Y es que, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, en México 12 centros penitenciarios del país concentran 56 por ciento de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión, siendo los penales de Altamira y Matamoros, Tamaulipas, así como el de Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México, los que mantienen la mayor incidencia federal.
Al final, se trata de un delito que sigue ocurriendo, y hasta la fecha concentra más de dos mil 900 carpetas de investigación y poco más de 470 imputados por delitos que, entre otras cosas, revelan evidentes redes de permisividad, corrupción y omisión que permiten el uso de penales federales como centro de operatividad para delincuentes virtuales en todo México… así las cosas.
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