Ciudad de México, 5 de septiembre.– La Secretaría del Bienestar (SB) financió la impresión de millones de “acordeones” para la Elección Judicial y coordinó su reparto mediante operadores que simulaban promover la participación ciudadana, documenta la revista Proceso.
Según el reportaje de Estrella Pedroza, la SB firmó un contrato urgente con la empresa Impresores en Offset y Serigrafía para imprimir millones de piezas en papel justo antes de la elección del 1 de junio, a un costo de 429 millones de pesos. Oficialmente, el contrato estaba destinado a folletos de programas sociales, aunque estaba prohibida la promoción durante la veda electoral.
Reparto de acordeones y pago a operadores
Proceso recopiló testimonios anónimos de operadores de la SB encargados de repartir los materiales. Los instructivos indicaban que debían entregar los acordeones bajo el pretexto de afiliar personas a Morena o invitar a participar en la elección para “fortalecer la democracia”.
Cada operador recibió 8 mil pesos, y los pagos se realizaron mediante cheques emitidos a personas de confianza, según documentos obtenidos por la revista. Videos muestran camionetas entregando paquetes de acordeones a casas de gestión de políticos, incluyendo la del diputado federal Jesús Emiliano Álvarez López.
Coincidencias con los resultados electorales
Las denuncias de los candidatos impugnantes destacaron que los nombres de los ganadores coincidieron con los que aparecían en los acordeones:
- Ningún candidato fuera de los acordeones resultó electo.
- Todos los incluidos lograron cargos, incluso en posiciones de presidencia de la Corte.
Los denunciantes aseguraron que existió un “sistema que permitió ajustar porcentajes y generar la percepción de competencia electoral”.
Impugnaciones y resolución del TEPJF
A pesar de estas evidencias, la impugnación fue rechazada por tres votos a dos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La presidenta del tribunal, Mónica Soto, argumentó que no era posible rastrear el origen de los acordeones.
El reportaje de Proceso documenta así un uso irregular de recursos públicos para influir en la elección judicial, señalando pagos, logística y coincidencias con los resultados oficiales, aunque sin sanciones hasta el momento.
