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Por Gonzalo Núñez de León. En un panorama musical saturado de fórmulas repetitivas y letras desechables, las canciones de Andrés Omar Martínez Sánchez emergen como un soplo de autenticidad. Con

El país de los desaparecidos México carga hoy una de las heridas más dolorosas y vergonzosas de su historia reciente: la desaparición forzada de personas. Lo que alguna vez pudo parecer un fenómeno aislado o vinculado a contextos específicos de violencia política, hoy se ha convertido en una práctica sistemática que atraviesa al país de norte a sur, con una constancia y brutalidad que estremece. Los números hablan con crudeza. Más de 128,000 personas desaparecidas a nivel nacional, de las cuales más de 1,500 corresponden a Chiapas, un estado cuya historia de lucha y resistencia ha sido manchada por la complicidad entre el crimen, grupos armados y autoridades omisas o directamente implicadas. Entre 2019 y 2023, las desapariciones crecieron un 358% en Chiapas, afectando de forma particular a mujeres, muchas de ellas víctimas de redes de trata y explotación. Lo más alarmante no son solo las cifras, sino la normalización del horror. La desaparición forzada dejó de ser un tema de interés nacional, mientras las familias buscadoras caminan por carreteras, montes y fosas, sin el respaldo efectivo de un Estado que, si no participa, consiente. Chiapas conoce de sobra el peso de la impunidad. Desde la guerra sucia hasta los años posteriores al levantamiento zapatista, episodios como la masacre de Acteal y los desplazamientos forzados en la zona norte siguen impunes. Casos emblemáticos, como el de Antonio González Méndez, desaparecido en 1999, han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que apenas en 2024 responsabilizó al Estado mexicano. Sin embargo, la voluntad política para atender las recomendaciones internacionales sigue siendo tibia, por decir lo menos. La ausencia de instancias como el Consejo Estatal Ciudadano, previsto en la Ley Estatal de Desaparición, refleja la falta de interés gubernamental por atender una crisis humanitaria de dimensiones colosales. No puede haber justicia sin participación de las víctimas y sus familias en la toma de decisiones. Cada madre buscadora, cada familia que coloca una fotografía en una pared o en redes sociales con la leyenda “se busca”, enfrenta no solo el dolor de la ausencia, sino la indiferencia institucional. Y esa indolencia estatal es, en sí misma, una forma de violencia. Hoy, más que nunca, resulta imprescindible exigir al gobierno de todos los niveles que asuma su responsabilidad, que garantice la verdad, justicia y reparación para quienes han sido arrancados de sus hogares y comunidades. La desaparición forzada no debe permitirse en ninguna democracia ni ocultarse tras cifras oficiales y narrativas de seguridad. México no puede seguir siendo el país de los desaparecidos.

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