Ciudad de México, 13 ENE.-El consorcio empresarial Grupo Salinas informó que presentó una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano. La denuncia, encabezada por el presidente y fundador del grupo, Ricardo Salinas Pliego, acusa una estrategia de “persecución política” que habría iniciado en el año 2023.
La acción legal se formalizó durante un encuentro en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Según el comunicado de la organización, el expediente documenta presuntas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos mediante el uso coordinado de herramientas fiscales, judiciales y administrativas.
La representación de Grupo Salinas expuso ante el organismo internacional cuatro ejes que, a su juicio, configuran un patrón de hostigamiento institucional:
Criminalización de la crítica: La denuncia señala el uso de medios y vocerías oficiales para afectar la reputación de Salinas Pliego. El grupo asegura que se han dedicado “más de 300 conferencias matutinas” a sus asuntos personales y empresariales con el fin de “silenciar la disidencia”.
Hostigamiento administrativo: Se reportó un incremento en el número de auditorías. Según el texto, estas se habrían “duplicado en las administraciones de López Obrador y Claudia Sheinbaum” en comparación con periodos previos.
Reforma Judicial: El documento advierte sobre una “captura del Poder Judicial”, argumentando que la reciente reforma en la materia ha erosionado la independencia de los tribunales en México.
Uso político del aparato fiscal: El empresario sostiene que el Estado ha mantenido un trato “discriminatorio” en la resolución de obligaciones tributarias, acusando un fin coercitivo por encima del recaudatorio.
Tras la reunión con el Relator Especial, Ricardo Salinas Pliego afirmó en sus redes sociales que el expediente entregado contiene pruebas de lo que calificó como un “acoso sistemático”.
“Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que Grupo Salinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del Gobierno de México: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”, manifestó.
Asimismo, Salinas Pliego vinculó la situación actual con un riesgo para el sector empresarial y el pluralismo democrático en el país, señalando que la controversia trasciende su caso particular.
“Se trata de sentar un precedente peligrosísimo: el uso del Estado y el crimen organizado como arma para castigar a los opositores políticos, y restringir la libertad de expresión. En México se está intentando imponer el miedo como método de control”, añadió el empresario.
La petición ante la CIDH busca que el organismo declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las acciones señaladas. Entre las medidas solicitadas, Grupo Salinas insta a que se ordenen “garantías de no repetición” que permitan restaurar la independencia judicial y proteger el derecho de propiedad y la libertad de expresión en el país.
El adeudo que tiene Salinas Pliego con el SAT
Las empresas de Grupo Salinas deberán pagar este mes el adeudo de 51 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que la Corte desechara los últimos recursos presentados por el empresario.
El pasado 13 de noviembre, por unanimidad de votos, el pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó en su totalidad siete de los nueve amparos interpuestos por el equipo legal de Ricardo Salinas Pliego contra el adeudo de créditos fiscales de sus empresas Elektra y TV Azteca.
“Tras la resolución definitiva de la Corte, la autoridad fiscal tiene la obligación de continuar con el procedimiento de cobro, por lo que en enero de 2026 se requerirá el pago por 51 mil millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación. En caso de intención de cubrir el adeudo, los contribuyentes podrán solicitar ante el SAT, dependiendo del orden y esquema de pago, ajustes a la baja de hasta 39% conforme a la Ley y a la sentencia de los tribunales”, de acuerdo con el SAT.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que se trata de un tema legal, jurídico y administrativo y no político.
