En la Mira, por Héctor Estrada ·
Nada peor pudo haber hecho el Gobierno Federal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), que ordenar la detención del defensor de derechos humanos Luis García Villagrán, a sólo unos días de que el activista denunciara corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Chiapas, y a unas horas de que revelara amenazas contra su integridad.
El arresto que sorprendió a muchos la mañana de este martes se dio en medio de una nube de señalamientos en contra de las autoridades migratorias mexicanas en Tapachula, Chiapas; pero también a menos de 24 horas de que partiera la nueva caravana migrante. Y es que, García Villagrán se había convertido durante los últimos meses en una de las voces más fuertes contra las irregularidades detectadas dentro de la delegación del INM y la COMAR.
Justo el pasado 31 de julio el defensor de derechos humanos denunció de manera directa a la delegada de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, Carmen Yadira de los Santos, por presuntamente operar, en colusión con el INM, una red de corrupción y extorsión dedicada a la venta irregular de citas, constancias y entrevistas migratorias en la entidad.
El asunto había sido denunciado ya por los propios migrantes en la frontera entre Chiapas y Guatemala, quienes señalaron semanas antes el cobro de cuotas alternas (de al menos 10 mil pesos por persona) para agilizar trámites ante la COMAR y el INM, a fin de conseguir la documentación que les permitiera avanzar por territorio nacional sin ser detenidos.
La inconformidad al interior de las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes se había recrudecido con el reciente nombramiento de Yadira de los Santos como nueva titular de la COMAR en Chiapas, pues ya había sido señalada por omisiones, corrupción y abusos al interior del Instituto Nacional de Migración, donde se desempeñó antes de ser reubicada al frente del organismo de ayuda a refugiados.
La desesperación de los migrantes, por la presunta red de corrupción y la falta de respuesta por parte de las autoridades migratorias, gestó la organización de nueva caravana migrante que tenía prevista su salida este miércoles a las cinco de la mañana, apoyada por el activista y defensor de derechos humanos. Así, la nueva movilización de entre mil 500 y dos mil personas se mantenía bajo la lupa de las autoridades mexicanas.
Sin embargo, el punto de quiebre llegó el pasado fin de semana cuando Villagrán García hizo públicas amenazas recibidas vía WhatsApp en las que supuestos miembros del crimen organizado le advertían acciones en contra de su integridad sino desistía en apoyar a la caravana migrante y su activismo contra la presunta corrupción al interior de las autoridades migratorias mexicanas. Pero, el defensor de derechos humanos calificó los mensajes como actos intimidatorios relacionadas con las autoridades “coludidas”, y no echó marcha atrás.
Por eso, su detención, después de las denuncias contra el INM y la COMAR, las amenazas en su contra y a unas horas del inicio de la nueva caravana migrante, resulta más que sospechosa. Sobre todo, por el silencio de las autoridades federales, que ocho horas después de la detención ni siquiera habían fijado una postura pública sobre las causas del arresto.
Los antecedentes, el contexto y la forma en que Luis García Villagrán fue detenido exigen más que simples explicaciones. Especialmente poque se trata del activista y defensor de derechos humanos más relevante en la defensa de los migrantes en Chiapas durante los últimos años, a través de su organización Centro de Dignificación Humana A.C. Pero, sobre todo, porque el proceso judicial apesta más a represalia, que a un legítimo procedimiento judicial de coincidencia… así las cosas.
