De acuerdo con lo aprobado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), para el 2025 los siete partidos políticos que se encuentran activos en Chiapas se van a repartir 198 millones de pesos como parte de las prerrogativas que les tocan, recursos que están previstos en la ley.
La presidenta provisional del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez, informó que se avaló el anteproyecto de presupuesto para el órgano local, que asciende a 480 millones de pesos, sin embargo, solo 184 millones van como gasto ordinario para el Instituto.
No obstante, los partidos políticos tendrán en sus prerrogativas 198 millones de pesos, será solo para quienes tienen su acreditación y registro. El resto del presupuesto (96 millones de pesos) se pondrán en marcha para tres proyectos extraordinarios.
Se trata, explicó Vila Domínguez, de los trabajos que se harán para que en 2025 las organizaciones políticas se puedan convertir en partidos, además de las consultas indígenas y los mecanismos de participación ciudadana.
Recursos
Hace unos días el IEPC aprobó que cinco partidos políticos locales perdieran el registro al no alcanzar el 3 % que marca la ley, mientras que a la lista se sumó otro (pero fue el INE que realizó la notificación) de orden nacional para hacer un total de seis.
De estos, relató la consejera electoral, solo un partido político impugnó la decisión y el resto no ejerció este derecho. El tiempo para llevar a cabo las impugnaciones han concluido.
Sin embargo, Vila Domínguez recordó el precedente de 2021 con un procedimiento similar, en ese año un partido se inconformó vía jurídica, pero la sentencia de los organismos jurisdiccionales benefició a todos para el tema de conservar el registro.
“Habrá que ver qué criterios toman los tribunales, qué deciden en esta ocasión, si solo le va a beneficiar a uno o a los cinco”, complementó. La presidenta provisional del IEPC detalló que las cantidades que tocarán a cada partido político se definirán el año que viene.
La bolsa general para los partidos sale, de acuerdo con la ley, del 65 % de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en este año y se multiplica por un porcentaje del padrón electoral.
Este dinero se reparte de manera igualitaria en un 30 %, mientras que el otro 70 % se da con base en la votación que hayan obtenido en la elección inmediata interior, por eso es que a inicio de año, ya con la certeza de la aprobación que haga el Congreso, se llevará a cabo la distribución.
Finalmente, en caso de que los partidos políticos que perdieron su registro regresaran, dependiendo de la resolución de los tribunales, lo que se haría con las prerrogativas es dividirlas entre todos.
