Ciudad de México, 08 FEB.-La propuesta para que los ministros sean electos por voto ciudadano, se disminuya de 11 a nueve los integrantes del pleno y se reduzca de 15 a 12 años el tiempo para ocupar el cargo es más una «venganza» del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial y no una reforma que sirva a para mejor el acceso a la justicia a los ciudadanos, consideran constitucionalistas.
Si bien es complicado que la reforma se aprobada en el último periodo de sesiones de la actual Legislatura debido a que Morena y sus partidos aliados no cuentan con la mayoría calificada, el riesgo, señalan, es que sentará el precedente para que se continúen con el ataque a este Poder desde el Ejecutivo y que se pueda minar la confianza en las instituciones de justicia.
“Si es aprobada la reforma, el presidente ya ganó, pero si no es aprobada, también ya ganó. ¿Por qué? Porque la propuesta va a ser utilizada por aquellas personas que sí comulgan con el presidente López Obrador, van a ser ocupadas, precisamente, para que sigan fustigando a este poder y, en su momento, incluso hasta generar pérdida de confianza en el Poder Judicial”, sostiene José Perdomo Galicia, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
El lunes el presidente López Obrador puso fin a la especulación sobre cuáles serían los cambios que impulsaría para reformar al Poder Judicial, al cual ha criticado al señalarlo de ser un “bastión del conservadurismo” y «estar vinculado a la oligarquía que solo defiende intereses de un grupo».
El mandatario federal envió a la Cámara de Diputados una propuesta para reformar 16 artículos de la Constitución que contempla, además, de la reducción de ministros, la elección de éstos por voto ciudadano, un límite a su sueldo y una disminución al tiempo para ocupar el cargo, entre otros.
Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que la propuesta del presidente López Obrador deja claro que es un tipo de venganza hacia ese poder.
«Parecerían ‘vendettas’ personales del presidente López Obrador, el tema del salario, las remuneraciones, el tema de que quién controla a los controladores, quién vigila a los vigilantes, crear un consejo diferente de la Suprema Corte, reducir el número de ministros. Si reduces el número sería mucho más fácil tener una mayoría afín a quien te ha nombrado», destaca.
No logró subordinación
Los expertos consultados por Expansión Política consideran que el presidente López Obrador está interviniendo en el Poder Judicial porque éste no se ha subordinado al Ejecutivo Federal.
«El Poder Judicial no tiene por qué compartir la misma forma de pensar del Ejecutivo, la obligación del Judicial es el respeto a la Constitución, a los tratados internacionales y a las leyes secundarias, y a todo nuestro sistema legal que existe en nuestro país. Esa es su obligación, independientemente de que si, o si termina siendo, simpático o no simpático, o favorable o desfavorable a las intenciones de un Poder Ejecutivo”, agrega el experto de la Universidad La Salle.
Natalia Calero, directora del programa de Derecho en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, explica que la propuesta del presidente atenta contra la división de poderes, pues es una intervención del Ejecutivo al Judicial.
“La división de poderes requiere necesariamente de que estos estén diferenciados y que haya no solo balances, sino pesos y contrapesos. Ninguno puede ser superior al otro… Por supuesto, esto no quiere decir que no haya áreas de mejora en el Poder Judicial actualmente, pero no se van a lograr con la votación de sus integrantes. Y al contrario, la votación lo que hará es que justamente tengan que responder a intereses particulares de ciudadanas y de ciudadanos. Ese es el peor de los mundos”, destaca.
Queda a deber al sistema de justicia
Los especialistas sostienen que el Poder Judicial es perfectible, sin embargo, señalan que «hacer cambios con aires de revancha» por los reveses que el actual gobierno ha tenido en temas como la la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la invalidación del “Plan B” de la reforma electoral y recientemente de la Ley de la Industria Eléctrica, en dada ayuda a mejorar el acceso de justicia para la gente.
Para Garza Onofre, las propuesta del presidente López Obrador no permitirá una mejor justicia, una deuda que desde hace años tiene México con las víctimas de algún delito y dijo que no se puede mejorar al sistema de justicia por decreto.
«Decir que la justicia va a ser más pronta y expedita que tienen que resolver en seis meses sino los jueces va a ser castigados, es casi imposible. La justicia tiene varias instancias. Sí, claramente hay un rezago, un tema de impartición de justicia en que tenemos que estructurar mejores procesos, pero no por el hecho de ponerlos en la Constitución, significa que los jueces es van a sentenciar más rápido.
En juego credibilidad
Atacar constantemente al Poder Judicial es tan riesgoso, que puede incluso poner en riesgo la credibilidad de una elección presidencial, advierte Perdomo Galicia, al cuestionar qué pasaría si la elección se tuviera que judicializar y debiera ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien deba decidir el resultado.
“En dado caso de que por estrechez en las resultados de votos del 2 de junio o porque no favorece la votación al partido que ahorita representa el presidente López y que tengamos que judicializar las elecciones… esa judicialización va recaer en el Poder Judicial, en particular en el Tribunal Electoral, pues ya podemos ir pintando el panorama qué se nos va a presentar, los ataques a los que será sometido ese poder, si desde este momento y desde hace varios meses se está señalando una falta de confianza en sus integrantes”, sostiene.
Por su parte, Garza Onofre considera que de darse una elección holgada como lo marcan las encuestas, los órganos electorales van a ser importantes pero no determinantes y dijo que lo importantes es que tanto el INE como el Tribunal Electoral se mantengan alejados de las campaña y considero que va a ser contraproducente para quienes los utilicen como bandera.
«Va a ser contraproducente que quienes estén a favor o en contra del INE lo usen como ‘Caballo de Troya’, como bandera de batalla para argumentar que gracias a ellos no se está teniendo certeza en la elección», afirma.
Para que esta iniciativa sea aprobada se requiere del apoyo de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso, algo con lo que Morena y sus aliados no cuentan en este momento. Ese bloque lo conforman 273 votos, pero requieren 334 de los 500 legisladores.
Si no es aprobada, tampoco morirá la propuesta. La precandidata Claudia Sheinbaum anunció este martes que las 20 iniciativas del presidente formarán parte de su oferta rumbo a la elección del 2 de junio próximo.
«Lo que me llama la atención es que de buenas a primeras lo abrace la candidata del oficialismo, lo abracen los gobernadores, y que sepan que es contraproducente, que sepan que es no tener una agenda propia, y que muchas de estas propuestas no son propuestas, son buenos deseos y cuestiones que quizá solamente habiten en la cabeza del presidente, pero no en la de muchas personas de a pie», agrega Garza Onofre.
