Chiapas, tierra fértil para el fraude inmobiliario
La impunidad ha encontrado un terreno fértil en el sector inmobiliario de Chiapas. Una vez más, ciudadanos comunes —en este caso, mujeres que luchan por construir un patrimonio para sus familias— se ven envueltos en una red de estafas, promesas rotas y amenazas. La historia es tristemente familiar: personas de buena fe que entregan sus ahorros a proyectos que nunca se concretan, a manos de supuestos desarrolladores que, lejos de rendir cuentas, continúan operando a la sombra de la indiferencia institucional.
El caso denunciado esta semana por Elena Corzo y Eddaly Guerra no es un hecho aislado. Se suma a una serie de fraudes que vienen siendo documentados desde hace años en la entidad. Esta vez, el engaño tuvo como escenario el fraccionamiento Cinco Plumas, donde se ofrecieron propiedades de más de tres millones de pesos con contratos llenos de cláusulas irregulares y silencios forzados, bajo la presión de no cuestionar, no hablar, no denunciar.
Lo más grave es que, a pesar de que existe una denuncia formal desde 2024 ante la Fiscalía General del Estado, los presuntos responsables —Miriam “N” y Víctor Manuel “N”— no solo siguen en libertad, sino que, según las víctimas, han llegado al extremo de amenazarlas para que desistan. ¿Qué más necesita la autoridad para actuar? ¿Qué tan profundo tiene que hundirse una víctima para que la justicia se digne a mirarla?
Resulta inquietante que las denunciantes comparen el esquema con el del llamado Cártel Inmobiliario. Porque si bien el término parece fuerte, lo que hay detrás es una estructura que se repite: promotores sin escrúpulos, contratos amañados, propiedades fantasmas y una cadena de omisiones —o complicidades— institucionales. Si hay servidores públicos que han facilitado, encubierto o ignorado estos fraudes, deben ser investigados con todo el peso de la ley.
Este editorial no busca sembrar miedo, sino exigir acción. El patrimonio de los chiapanecos no puede seguir siendo botín para estafadores. El Gobierno del Estado, la Fiscalía, los ayuntamientos, los colegios de notarios y las instituciones bancarias tienen la responsabilidad de vigilar, sancionar y proteger. De lo contrario, no solo se pone en riesgo el dinero de las familias, sino la confianza misma en el Estado de Derecho.
Porque cuando construir una casa se convierte en un acto de fe… es que algo muy profundo está fallando.
