Éxodo por la Justicia: la deuda humanitaria en la frontera sur
El anuncio de una nueva caravana migrante que partiría este 4 de agosto desde Tapachula, bajo el nombre Éxodo por la Justicia, es mucho más que una movilización masiva. Es el reflejo brutal de un sistema migratorio colapsado, de instituciones rebasadas y de la profunda indiferencia de un Estado que ha normalizado la crisis humanitaria en la frontera sur.
Más de 40 mil personas permanecen varadas en Tapachula, según cifras del defensor Luis Villagrán. Son, en su mayoría, migrantes cubanos, venezolanos y centroamericanos que han encontrado en México no un refugio, sino una prolongación del abandono. De ellos, solo 14 mil han sido reconocidos formalmente por la COMAR. El resto vive en un limbo legal, sin papeles, sin protección, sin futuro.
La denuncia sobre la venta clandestina de turnos en el Instituto Nacional de Migración revela el grado de descomposición de una institución que debería garantizar derechos, no lucrar con la desesperación. Mientras tanto, las personas migrantes sobreviven como pueden: trabajando en fincas, mercados o la construcción, expuestos a explotación y violencia.
Este nuevo “éxodo” no debería sorprender a nadie, pero sí debería avergonzarnos como sociedad. Porque el Estado mexicano no solo ha fallado en brindar asilo, también ha fallado en proteger, en integrar, en empatizar.
El gobierno federal debe tomar decisiones urgentes y humanas. Chiapas no puede ni debe seguir siendo una sala de espera infinita para quienes huyen de la pobreza, la persecución o el hambre. Es momento de mirar de frente esta realidad y dejar de llamarla “crisis migratoria”. Lo que ocurre en Tapachula es una crisis de humanidad.
