La fe pública bajo sospecha
El notariado, institución clave en la vida jurídica y patrimonial de cualquier sociedad, atraviesa en Chiapas una crisis que no puede pasarse por alto. Las recientes investigaciones anunciadas por el Gobierno del Estado contra falsos notarios y fedatarios en funciones que habrían incurrido en irregularidades en la escrituración de inmuebles, ponen en evidencia una cadena de malas prácticas que mina la confianza ciudadana en un sector que debería ser sinónimo de certeza y legalidad.
Que existan personas haciéndose pasar por notarios, cometiendo presuntos delitos de extorsión y abuso de autoridad, es un reflejo de vacíos institucionales que deben cerrarse con mayor rigor. Pero aún más grave es que dentro del propio gremio existan expedientes abiertos contra notarios formalmente reconocidos, señalados por irregularidades en la compra-venta y escrituración. No se trata solo de faltas administrativas: cada error o fraude en un trámite notarial tiene consecuencias directas en el patrimonio de familias enteras.
La ciudadanía, como bien recomienda el consejero jurídico Guillermo Nieto Arreola, debe aprender a blindarse contra estas prácticas. Verificar certificados de libertad de gravamen y acudir al Registro Público de la Propiedad son pasos básicos, pero insuficientes si no existe un compromiso decidido del Estado por limpiar y vigilar al propio notariado.
El gobierno está obligado a ir más allá de la investigación: se requiere una auténtica depuración del gremio, con sanciones ejemplares para quienes traicionen la fe pública. Porque sin confianza en las escrituras y en los notarios que las avalan, el derecho a la propiedad se convierte en un terreno fértil para la corrupción y el abuso.
La transparencia y la legalidad deben volver a ser la regla, no la excepción.
