RAYOS Editoriales 27.1.25

Chiapas y sus heridas abiertas: salud, educación y desplazamiento forzado

En Chiapas, los desafíos históricos parecen profundizarse con el paso del tiempo, dejando a las comunidades más vulnerables atrapadas en un círculo de carencias y violencia. Dos recientes noticias ponen en evidencia las heridas abiertas de nuestro estado: el aumento en las carencias en salud y educación entre la infancia chiapaneca y las denuncias de desplazamiento forzado de indígenas tzotziles, víctimas de grupos armados que operan con impunidad.

El primero de estos problemas es especialmente alarmante. De acuerdo con datos recientes, los niños de Chiapas enfrentan una creciente falta de acceso a servicios básicos de salud y educación, derechos fundamentales que deberían estar garantizados en cualquier sociedad que aspire al desarrollo. Es inconcebible que en pleno 2025, miles de niñas y niños crezcan en un entorno donde enfermar puede ser sinónimo de abandono y donde la educación, herramienta clave para romper ciclos de pobreza, se ve limitada por la ausencia de infraestructura, recursos y atención gubernamental.

Por otro lado, el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, particularmente tzotziles, debido a la violencia de grupos armados, es un recordatorio de la deuda histórica que tenemos con los pueblos originarios. Estas comunidades, que han habitado y protegido estas tierras durante generaciones, ahora se ven obligadas a abandonar sus hogares, sus raíces y su identidad cultural por miedo a la violencia. No se trata solo de la pérdida de tierras, sino de la desintegración del tejido social y cultural que da vida a nuestro estado.

Ambos problemas, aunque distintos en su naturaleza, tienen un origen común: la desatención estructural de un sistema que ha fallado en garantizar los derechos básicos de su población. En Chiapas, la pobreza, la desigualdad y la falta de presencia institucional se han convertido en el caldo de cultivo para la perpetuación de estas crisis.

Es urgente que las autoridades estatales y federales asuman su responsabilidad con una visión integral y sostenible. En el ámbito de la salud y la educación, no basta con planes de emergencia; se requieren políticas públicas que garanticen inversión continua, supervisión efectiva y participación comunitaria. En el caso del desplazamiento forzado, es imprescindible que se garantice la seguridad de las comunidades afectadas, se combata a los grupos armados con firmeza y se brinden mecanismos de reparación para quienes han perdido todo.

Pero más allá de las soluciones inmediatas, Chiapas necesita un cambio de enfoque. No podemos seguir permitiendo que los titulares sean dominados por la tragedia y la injusticia. El estado merece un futuro donde los niños tengan acceso a hospitales y escuelas de calidad, y donde las comunidades indígenas puedan vivir en paz, cultivando su cultura y transmitiendo su legado.

Como sociedad, debemos exigir que estos problemas sean atendidos con la seriedad y el compromiso que merecen. No se trata solo de garantizar derechos; se trata de construir un Chiapas donde la dignidad humana sea el eje central de todas las decisiones políticas y sociales. Dejemos de normalizar la precariedad y la violencia. Es hora de actuar.

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