Feminicidios en Chiapas: la deuda pendiente
La estadística debería estremecernos: en Chiapas suman ya 26 feminicidios en lo que va del 2025, de los cuales cuatro han tenido lugar en Tuxtla Gutiérrez. No se trata de simples números, sino de vidas arrancadas, de familias fracturadas y de un tejido social cada vez más debilitado por la violencia que se ensaña con las mujeres.
Los casos ocurridos el pasado fin de semana, uno en el fraccionamiento Real del Bosque y otro en la colonia Terán, exhiben no solo la brutalidad de los crímenes, sino también la incapacidad del Estado para garantizar seguridad a las mujeres, aun cuando existe una Alerta de Violencia de Género vigente desde hace años. Si las medidas implementadas no están dando resultados, es impostergable una revisión a fondo de su funcionamiento y efectividad.
No basta con indignarse tras cada hallazgo. No basta con consignar a un presunto culpable para engrosar la estadística judicial. La violencia feminicida es estructural, y por tanto, requiere respuestas estructurales: políticas públicas con perspectiva de género, estrategias de prevención comunitaria, capacitación real a policías y ministerios públicos, además de un sistema de justicia que no revictimice, sino que proteja y garantice el acceso pleno a la justicia.
La Colectiva 50+1 lo ha dicho con claridad: no podemos seguir contando muertas. Cada feminicidio que queda en la impunidad refuerza el mensaje de que las mujeres están en absoluta vulnerabilidad. Y esa impunidad, por acción u omisión, es responsabilidad de las instituciones.
Hoy más que nunca, Chiapas necesita voluntad política y compromiso ciudadano para detener esta espiral de violencia. Cada nombre borrado por el feminicidio es una herida abierta en nuestra sociedad. Mientras no se asuma que proteger la vida de las mujeres es una prioridad absoluta, la deuda con ellas seguirá creciendo, y con ella, la vergüenza colectiva.
