Compromisos, desafíos y llamados a la reflexión
En días recientes, Chiapas ha sido escenario de noticias relevantes que tocan fibras sensibles en materia de salud, seguridad y bienestar laboral. Son tres aspectos fundamentales que delinean no solo el desarrollo del estado, sino también las expectativas y preocupaciones de la sociedad chiapaneca en su conjunto.
Por un lado, la visita del gobernador Eduardo Ramírez y del director general del IMSS, Zoé Robledo, al Hospital General de Zona No. 13 “XIV de Septiembre” en Tuxtla Gutiérrez, refleja un esfuerzo coordinado por fortalecer los servicios de salud en Chiapas. Este tipo de acciones son urgentes y necesarias, especialmente en un estado donde las carencias en infraestructura médica han sido históricamente una deuda pendiente. Supervisar el funcionamiento de hospitales y garantizar la atención digna para la población es, sin duda, un paso positivo, pero no puede quedarse en recorridos o promesas; los resultados tangibles, como mejoras en equipamiento, personal y calidad en los servicios, son lo que realmente marcará la diferencia.
En el ámbito de la seguridad pública, el anuncio de un aumento de mil millones de pesos en el presupuesto para 2025 es un mensaje claro sobre la prioridad que este tema tiene en la agenda estatal. El compromiso de fortalecer las instituciones de seguridad y enfrentar la violencia y el crimen organizado es aplaudible, pero requiere una estrategia integral. No basta con inyectar recursos: la ciudadanía necesita ver políticas efectivas, capacitación a las fuerzas del orden, combate a la corrupción y, sobre todo, resultados que generen confianza. La seguridad no es solo cuestión de números, sino de cómo esos recursos se traducen en calles más seguras y en una paz que tanto anhelan los chiapanecos.
Por otra parte, el reciente comunicado de empresarios y organizaciones laborales locales sobre las reformas a las leyes secundarias del Infonavit a nivel nacional pone en alerta a un sector clave del desarrollo social y económico: el acceso a la vivienda. La preocupación de los firmantes es legítima y debe ser escuchada. La amenaza al tripartismo, que ha garantizado la representación equilibrada de trabajadores, empresarios y gobierno en el manejo de los recursos del Infonavit, es un riesgo que no debe tomarse a la ligera. Si el principio que ha dado estabilidad y transparencia al sistema se debilita, el patrimonio de millones de trabajadores estará en juego, especialmente en un estado como Chiapas, donde el rezago habitacional aún afecta a miles de familias.
Estas tres noticias tienen un hilo conductor: el llamado a que las decisiones públicas estén alineadas con las necesidades reales de la población. Salud, seguridad y vivienda son temas que no admiten improvisación ni soluciones parciales. Los recorridos de supervisión deben llevar a mejoras palpables, los aumentos presupuestales deben traducirse en seguridad para las familias, y las reformas deben proteger, no vulnerar, los derechos de quienes trabajan por el desarrollo del país.
En tiempos de cambios y decisiones cruciales, el diálogo y la responsabilidad deben ser los ejes que guíen a las autoridades, a los empresarios y a la sociedad. Chiapas merece avances reales y sostenibles.
