Migrantes en riesgo: la sombra del crimen organizado tras el regreso de Trump
El fenómeno migratorio en Chiapas ha sido una constante histórica, pero hoy se enfrenta a un nuevo desafío: la creciente vulnerabilidad de los migrantes ante el crimen organizado, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Así lo advierten diversas organizaciones que trabajan en la frontera sur de México, donde los peligros para quienes buscan una mejor vida han escalado de manera alarmante.
La política migratoria de Trump, caracterizada por una retórica agresiva y la implementación de medidas restrictivas, promete endurecer nuevamente las condiciones para los migrantes. Su regreso al poder ya genera efectos anticipados en la región: un refuerzo en los operativos de contención, una mayor militarización en la frontera sur y el resurgimiento de prácticas que ponen en jaque los derechos humanos.
Históricamente, el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos ha significado un incremento en la presencia de traficantes de personas, redes de extorsión y grupos criminales que aprovechan la desesperación de los migrantes. En Chiapas, donde la frontera con Guatemala es porosa y difícil de controlar, estas estructuras delictivas encuentran terreno fértil para operar con impunidad. Secuestros, trata de personas, extorsión y reclutamiento forzado son solo algunas de las amenazas que enfrentan aquellos que cruzan el estado en busca de un futuro mejor.
Las organizaciones humanitarias alertan que, con un Trump nuevamente en la Casa Blanca, los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos podrían derivar en una mayor presión sobre el gobierno mexicano para frenar el flujo migratorio, sin atender las causas estructurales de la movilidad humana. Esto significaría más redadas, detenciones masivas y una política de contención que, lejos de resolver el problema, aumentará los riesgos y la vulnerabilidad de quienes transitan por Chiapas.
Es imperativo que las autoridades mexicanas refuercen las medidas de protección para los migrantes. No basta con aumentar los operativos de seguridad si estos no van acompañados de estrategias para garantizar la seguridad de quienes huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen. La sociedad civil ha sido clave en la defensa de los derechos humanos de los migrantes, pero es el Estado quien debe asumir su responsabilidad en la construcción de un entorno seguro y digno.
Chiapas no puede convertirse en un territorio de impunidad donde el crimen organizado encuentre en la migración un lucrativo negocio a costa de la vida y la dignidad de miles de personas. Es momento de fortalecer los mecanismos de protección, combatir la corrupción y la colusión con grupos delictivos, y garantizar un trato humanitario a quienes buscan una oportunidad más allá de nuestras fronteras. El futuro de miles de migrantes depende de ello.
