Justicia sesgada: el peligro del abuso de poder
El actuar personal de Elean García, Fiscal de la Mujer en Chiapas y que extraoficialmente me comentaron fue sin respaldo, es sumamente preocupante y merece un análisis profundo. Su cargo no solo le confiere la responsabilidad de procurar justicia con imparcialidad, sino que la obliga a conducirse con apego a la legalidad y respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, utilizar su posición para amedrentar a un periodista como Vinicio Portela no solo es un abuso de poder, sino una clara amenaza a la libertad de prensa. La justicia no puede usarse como un instrumento de intimidación ni para castigar a quienes ejercen su derecho a informar.
Aún más grave es que Elean García haya calificado públicamente a Carlos Macías como violentador, pese a que la misma institución que representa acordó el No ejercicio de la acción penal en su contra. Al hacerlo, no solo transgrede el principio de presunción de inocencia, sino que también expone a la Fiscalía a un revés legal previsible: el amparo de Macías. Con esta declaración irresponsable, lejos de fortalecer la justicia, debilita el caso y, peor aún, revictimiza a la persona que sufrió la agresión. Este tipo de errores son inadmisibles en una institución que debe garantizar el debido proceso y proteger a las víctimas, no comprometerlas.
En este contexto, la renuncia de Elean García debería ser exigida de inmediato. No se trata de una simple omisión o un desliz, sino de una acción que pone en entredicho la secrecía de las investigaciones y la seriedad de la Fiscalía. Los funcionarios públicos deben entender que su actuación está bajo el escrutinio de la ciudadanía y de la prensa, y que sus declaraciones no pueden estar dictadas por intereses personales o caprichos. En Chiapas, la justicia debe ser ciega, no selectiva, y mucho menos utilizada como herramienta de presión política o mediática.
