Canasta básica en Chiapas, avances que aún saben a poco
La reciente disminución de la población en Chiapas que no puede adquirir la canasta básica es, sin duda, una noticia alentadora. Pasar de un 62.5% a un 59.16% en apenas un año representa un respiro estadístico en un estado históricamente golpeado por la pobreza laboral. Pero en medio del optimismo cabe una pregunta obligada: ¿qué significa realmente este avance para las familias chiapanecas?
La reducción es real, pero insuficiente. Que más de la mitad de la población siga sin tener ingresos suficientes para comprar lo indispensable para alimentarse debería encender las alarmas de cualquier gobierno. La comparación con entidades como Baja California Sur, donde apenas el 12.8% enfrenta esa situación, revela la profundidad de la brecha y lo lejos que aún estamos de hablar de equidad.
Ciertamente, los programas sociales, las transferencias federales y los esfuerzos estatales en materia de empleo y salarios han contribuido a este leve repunte. Sin embargo, la persistencia de la pobreza laboral en Chiapas obedece a causas estructurales: una economía dependiente del sector informal, bajos niveles de productividad y, en muchos casos, una desigualdad histórica que no se resuelve con cifras trimestrales.
El dato positivo no debe minimizarse, pero tampoco sobredimensionarse. Se trata de un pequeño paso en un camino largo y pedregoso. Mientras más de la mitad de los chiapanecos siga sin poder comprar lo básico para vivir, cualquier celebración es prematura.
El reto está en transformar estas estadísticas en realidades palpables: empleos dignos, salarios justos y oportunidades que permitan que la alimentación deje de ser un lujo para convertirse, como debería, en un derecho garantizado.
