RAYOS Editoriales • 02.05.25

La legitimidad ausente: una elección judicial sin pueblo

Este fin de semana, México vivió un episodio inédito y profundamente revelador en su historia democrática: la consulta para elegir a jueces y magistrados del Poder Judicial. Un ejercicio que, desde su concepción, generó más dudas que entusiasmo, más sospechas que certezas, y más apatía que participación.

El Gobierno federal, firme en su narrativa de legitimidad popular, asegura que cerca del 13% del padrón salió a votar. Pero las imágenes hablan otro idioma. Casillas vacías. Funcionarios electorales mirando al horizonte. Urnas casi intactas. La desolación ciudadana fue, sin duda, la gran protagonista de la jornada.

¿De verdad votó el 13%? La cifra, aún siendo baja, parece inflada. La desconexión entre el dato oficial y la realidad documentada por periodistas, observadores y ciudadanos en redes sociales es evidente. Esta distancia entre discurso y hechos erosiona la confianza pública y plantea una pregunta incómoda: ¿qué tan legítimo puede ser un proceso electoral que claramente no despertó el interés –ni la participación– del pueblo?

La implicación es grave. Si se confirma que apenas una minoría participó en la selección de quienes impartirán justicia en México, estamos ante una democracia vaciada de contenido. La justicia no puede nacer de la indiferencia ni sostenerse sobre la simulación. Un poder judicial elegido sin pueblo es, al final, tan vulnerable como un poder judicial cooptado.

Más preocupante aún es que esta consulta, en vez de fortalecer al sistema de justicia, lo debilite al sembrar la percepción de que la meritocracia puede ser sustituida por popularidad o por línea partidista. Y si la justicia se politiza, pierde su razón de ser.

En El Sol de Chiapas creemos que la participación ciudadana es el alma de cualquier ejercicio democrático. Pero también creemos que cuando el pueblo no vota, está enviando un mensaje claro. No siempre es apatía: a veces es resistencia, inconformidad, desconfianza.

El país necesita una reforma judicial, sí. Pero necesita también que esa reforma sea legítima, creíble, construida con y para la gente, y que incluya a las fiscalías que es donde se cometen la mayoría de los errores, no simplemente validada por cifras oficiales y discursos triunfalistas.

Porque una democracia sin pueblo no es democracia. Es apenas un eco hueco de lo que alguna vez quiso ser.

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