Chiapas y el reto urgente de la informalidad laboral
Chiapas vuelve a aparecer en los primeros lugares de una lista que no presume desarrollo, sino rezago. Ser el tercer estado con mayor informalidad laboral en México no es un simple dato estadístico: es un reflejo de la profunda desigualdad económica y de las limitadas oportunidades que enfrentan miles de familias que día a día trabajan sin seguridad social, sin estabilidad y sin derechos laborales garantizados.
La informalidad no es solo la venta ambulante o los oficios temporales; es la normalización de que la supervivencia dependa del día a día, sin acceso a servicios médicos, sin ahorro para el retiro y sin un marco que proteja al trabajador. Es un círculo que perpetúa pobreza y vulnerabilidad.
Si bien existen esfuerzos institucionales por fortalecer la economía estatal, resulta evidente que el problema requiere un enfoque mucho más integral: política pública efectiva, inversión productiva, impulso al empleo formal y capacitación laboral real, no solo discursos. También implica atender las condiciones estructurales que empujan a la población hacia la informalidad: bajos salarios, falta de oportunidades y la ausencia de un mercado laboral competitivo.
Chiapas no puede aspirar a un desarrollo pleno mientras casi la mitad de su fuerza laboral permanezca en la informalidad. No es sostenible, no es justo y no es digno para quienes sostienen la economía desde abajo.
Cerrar esta brecha debe convertirse en prioridad de gobierno, sector privado y sociedad. La formalidad no puede seguir siendo un privilegio: tiene que ser un derecho accesible para todas y todos.
