Preocupación Yaqui por próximo presidente de la Corte
La designación de Hugo Aguilar Ortiz como próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha encendido una alerta en una de las regiones históricamente más golpeadas y marginadas del país: el territorio de la Nación Yaqui, en Sonora. Desde allá, líderes indígenas han levantado la voz, acusando no solo irregularidades en la gestión de los planes federales que les prometieron bienestar, sino señalando directamente a quien hoy se perfila para encabezar el máximo tribunal de México.
“No queremos a ese indígena corrupto”, sentenció Fernando Jiménez, defensor del territorio yaqui, en declaraciones que han recorrido medios nacionales. Más allá de lo doloroso de la frase —que lamentablemente refleja la fractura interna y la desconfianza hacia figuras que, se supone, deberían velar por los derechos de los pueblos originarios—, hay una denuncia de fondo que merece ser atendida.
Durante años, la Nación Yaqui ha padecido despojos territoriales, abuso de poder y represión, primero por gobiernos que los ignoraron y después, según acusan, por programas mal instrumentados como el “Plan de Justicia del Pueblo Yaqui”, presentado en 2021 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que se anunció como un acto de restitución histórica terminó, según las denuncias, como una herramienta de control y manipulación, en la que Hugo Aguilar Ortiz habría jugado un papel protagónico desde su posición como coordinador de Derechos Indígenas del INPI.
Lo grave de este asunto no es solo el cuestionamiento moral hacia una figura que ocupará la presidencia de la Suprema Corte —institución que debería garantizar precisamente los derechos de los pueblos originarios—, sino el reflejo de una deuda histórica que sigue sin resolverse. Si los pueblos indígenas de México no pueden confiar ni siquiera en quienes provienen de sus mismas raíces y llegan a posiciones de poder, es momento de replantear el modelo institucional y la manera en que se construyen las políticas públicas para ellos.
Desde El Sol de Chiapas, nos unimos al llamado a respetar la voz de los pueblos originarios, a transparentar el manejo de los recursos destinados a las comunidades indígenas y a garantizar su participación real y efectiva en las decisiones que afectan sus vidas. No se trata de nombres, ni de cargos, sino de dignidad y justicia para quienes han sido, por siglos, los grandes olvidados de este país.
Escuchar a los yaquis hoy no es solo un asunto de coyuntura. Es un compromiso de Estado.
