Tortura en Chiapas: una herida que sigue abierta
En pleno 2025, cuando Chiapas debería consolidarse como una tierra de paz y justicia social, siguen saliendo a la luz casos que exhiben la persistencia de prácticas tan brutales como inaceptables: la tortura como método para obtener confesiones, castigar o silenciar.
Esta semana, organizaciones como Familias Unidas Contra la Tortura y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) hicieron pública su preocupación por el aumento de casos de tortura en la entidad, particularmente en el contexto de detenciones arbitrarias. Más grave aún, la denuncia señala que muchos de estos episodios permanecen invisibles, sin que las víctimas o sus familias logren obtener justicia.
Casos como los de Rigoberto Vázquez Méndez, los hermanos Martínez Jiménez, o Francisco Espinosa Hidalgo, no solo representan historias de dolor personal, sino una fractura institucional que debe ser atendida con urgencia. No se trata de hechos aislados, sino de una práctica sistemática que coloca a las instituciones de seguridad y procuración de justicia en una posición insostenible frente a los derechos humanos.
Como sociedad no podemos normalizar la tortura. No debe caber espacio para justificaciones cuando hablamos de actos que atentan contra la dignidad humana. Menos aún en un estado como Chiapas, marcado por conflictos sociales, desigualdad y una larga historia de represión a comunidades indígenas y sectores vulnerables.
Este diario reitera su postura: la tortura no tiene cabida en un estado de derecho. El gobierno de Chiapas y las autoridades federales deben no solo investigar y castigar a los responsables, sino también garantizar la reparación integral de las víctimas y adoptar mecanismos efectivos para erradicar estas prácticas.
No es posible aspirar a una paz duradera ni a una convivencia democrática mientras persistan estos abusos. El verdadero Estado de derecho se construye respetando los derechos de todas y todos, sin excepción.
El silencio institucional es cómplice. La denuncia pública, un deber. Chiapas merece justicia.
