El costo de la opacidad
La educación en Chiapas vuelve a aparecer en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, y no por buenas razones. Las anomalías detectadas por más de 77 millones de pesos en el gasto educativo no son una cifra menor ni un asunto técnico que pueda diluirse entre explicaciones administrativas. Son, ante todo, un síntoma de un problema estructural: la fragilidad histórica de la rendición de cuentas en uno de los sectores más sensibles del estado.
El actual secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, ha sido claro al señalar que las observaciones corresponden al ejercicio 2024 y a la administración anterior, encabezada por Rutilio Escandón Cadenas. La precisión es importante, pero no suficiente. En Chiapas, la línea que divide sexenios no borra responsabilidades ni mitiga el daño social que provoca el mal manejo de recursos públicos.
Resulta especialmente grave que 54 millones de pesos en becas carezcan de comprobación. Las becas no son un lujo presupuestal: representan oportunidades para estudiantes que, en muchos casos, dependen de ese apoyo para continuar su formación. Cuando esos recursos no se justifican, la pregunta obligada no es sólo “¿en qué se gastaron?”, sino ¿a cuántos estudiantes se les negó un derecho?
Igualmente preocupante es el pago indebido a trabajadores fallecidos. Que esto se atribuya a la falta de un sistema automatizado revela una realidad incómoda: durante años, la administración educativa operó con controles obsoletos, permitiendo filtraciones que, acumuladas, se traducen en millones de pesos perdidos. No se trata de errores aislados, sino de una cultura administrativa permisiva con el desorden.
El anuncio de convenios con el Registro Civil y de nuevos sistemas informáticos es un paso necesario, pero llega tarde. La transparencia no debería activarse sólo después de una observación de la ASF, sino funcionar como regla permanente. La educación chiapaneca no puede seguir dependiendo de correcciones reactivas, sino de prevención, vigilancia constante y sanciones claras.
Hoy, el reto del gobierno actual no es únicamente deslindarse del pasado, sino demostrar con hechos que estas prácticas no se repetirán. La promesa de “una Secretaría con mayor orden y transparencia” será creíble únicamente si las observaciones se solventan plenamente y, sobre todo, si se establecen responsabilidades administrativas y legales donde corresponda.
Porque cada peso mal ejercido en educación no es un número en un informe: es una escuela que no se construyó, un apoyo que no llegó y una deuda más con generaciones que ya cargan demasiadas. En Chiapas, la educación no puede seguir pagando el precio de la opacidad.
