Elecciones judiciales en México: un proceso empañado y una oportunidad perdida
El pasado 1 de junio se llevó a cabo una de las elecciones más trascendentales en la historia reciente de México: la elección directa de jueces, magistrados y ministros que conformarán los órganos judiciales más importantes del país. Esta innovadora medida, impulsada por el gobierno actual como un intento de democratizar la justicia, terminó por evidenciar una serie de deficiencias, irregularidades y conflictos de interés que ponen en entredicho la legitimidad y autonomía del Poder Judicial.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo responsable de organizar y validar estas elecciones, decidió aprobar la validez de los resultados, pese a las denuncias y pruebas contundentes que apuntan a graves irregularidades. Se anularon 818 casillas en 25 entidades, siendo Chiapas la región con mayor incidencia de anomalías, representando el 70% de estas irregularidades. Sin embargo, con 10 votos contra uno, el Consejo dio luz verde a una elección que varios consejeros calificaron de manchada y de sembrar dudas sobre su autenticidad.
Uno de los hechos más alarmantes fue la decisión del INE de permitir que tres magistrados electos, señalados por acusaciones de violencia sexual, acoso, hostigamiento y deudas alimentarias, mantuvieran su triunfo. La mayoría de consejeros rechazó la propuesta de anular su elección argumentando que no había sentencias firmes que suspendieran sus derechos políticos, dejando en claro que la justicia mexicana sigue siendo un terreno donde la impunidad y la falta de sensibilidad ante las denuncias de violencia de género prevalecen. Resulta inconcebible que quienes deben impartir justicia puedan llegar a sus cargos con manchas tan graves en su historial personal.
El proceso judicial electoral, además, fue marcado por la posible intervención de grupos de poder. La distribución masiva de acordeones con los nombres de los candidatos favorecidos – que coincidieron con los ganadores – abrió la puerta a sospechas de propaganda ilícita y financiamiento irregular. Aunque el consejero Arturo Castillo propuso no declarar la validez de esas elecciones, la mayoría desestimó esta advertencia, perpetuando la falta de transparencia y rendición de cuentas.
A todo ello se suma la baja participación ciudadana, apenas del 13%, la más baja en décadas, que refleja el desencanto y la desconfianza que la ciudadanía tiene hacia este sistema. Cuando menos del uno de cada siete electores acude a votar para elegir a quienes deben garantizar la justicia, queda en evidencia que el mecanismo, más que fortalecer la democracia, podría estar socavándola.
El dominio de Morena en este proceso es un dato crucial. El partido que hoy controla la Presidencia y ambas cámaras del Congreso, ahora suma el control sobre el Poder Judicial, con jueces y magistrados afines que, en teoría, deberían ser garantes de la legalidad e imparcialidad, pero en la práctica podrían convertirse en instrumentos políticos. La ausencia de contrapesos institucionales hasta 2027 genera un escenario preocupante para la independencia judicial y la salud democrática del país.
Este proceso deja lecciones claras para México y Chiapas: la justicia no puede ser política ni estar en manos de quienes tienen señalamientos graves; la transparencia y la rendición de cuentas no deben ser opcionales ni condicionales; y la participación ciudadana es fundamental para legitimar cualquier cambio institucional. Mientras tanto, miles de ciudadanos miran con escepticismo cómo se consolidan poderes sin que se resuelvan los problemas de fondo: corrupción, violencia de género y ausencia de controles efectivos.
En Chiapas, donde se concentraron la mayoría de irregularidades electorales, este llamado es aún más urgente. La ciudadanía merece instituciones sólidas, justas y confiables, que respondan con eficiencia y ética a sus necesidades. El reto es mayúsculo, y el camino apenas comienza.
