Pueblos indígenas: la deuda pendiente
Ayer, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recordó algo que, por incómodo que resulte, sigue siendo cierto: en nuestro país, los pueblos originarios continúan enfrentando desigualdad, exclusión y discriminación, a pesar de los avances legislativos y los discursos de reconocimiento.
No basta con celebrar la riqueza cultural ni con enarbolar banderas de orgullo étnico en fechas conmemorativas. El acceso desigual a la tierra, la marginación en la toma de decisiones, la violencia contra defensores indígenas y la discriminación estructural son realidades que persisten y que, de no atenderse con acciones concretas, seguirán siendo heridas abiertas en la historia de México.
La reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público y reafirma su libre determinación, autonomía y sistemas jurídicos propios, es un paso importante. Pero un paso, por sí solo, no recorre el camino. La elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos será la verdadera prueba: debe construirse con consulta genuina, participación activa y respeto irrestricto a la voz de quienes históricamente han sido invisibilizados.
Las mujeres indígenas, guardianas de saberes ancestrales y protectoras del patrimonio biocultural, son pieza clave en esta agenda. No es posible pensar en un futuro sostenible sin incluir su liderazgo y conocimiento.
A treinta años de que la ONU instaurara este día conmemorativo, el reto es pasar de la retórica a la justicia efectiva. Reconocer no solo su existencia, sino su dignidad plena y su derecho a decidir sobre su presente y su futuro. Porque mientras haya exclusión y desigualdad, no habrá un verdadero México incluyente.
