Chiapas Informal
Chiapas vuelve a aparecer en los primeros lugares de un ranking que nadie quiere encabezar: la informalidad laboral. Durante 2025, el 77% de la población ocupada trabajó sin seguridad social ni prestaciones, muy por encima del ya preocupante promedio nacional de 55.4%. Detrás del dato frío, hay una realidad que se repite todos los días en mercados, calles, hogares y campos del estado: la enorme mayoría de las y los chiapanecos vive del empleo sin protección.
La cifra es brutal en términos humanos. Ocho de cada diez trabajadores se sostienen en la incertidumbre, sin acceso a servicios de salud, pensión, vivienda o ingresos estables. Se trata de una estructura laboral que ha normalizado la precariedad, amarrada a actividades como el comercio ambulante, la agricultura de subsistencia, el trabajo doméstico y pequeñas unidades económicas que sobreviven sin registro ni acompañamiento institucional.
Las consecuencias no se detienen allí. La informalidad erosiona también las finanzas públicas: menos trabajadores formales significan menos contribuyentes, menos capacidad de inversión y una economía que no logra despegar del rezago histórico. Es un círculo vicioso que perpetúa desigualdades y frena el desarrollo social.
Si Chiapas aspira a un futuro con oportunidades reales, este debe ser un punto de inflexión. La formalización laboral no puede seguir postergándose, y requiere algo más que buenos deseos: incentivos claros para pequeñas empresas, simplificación administrativa, políticas activas de empleo y un acompañamiento estatal que facilite el salto hacia la formalidad.
Mientras ocho de cada diez chiapanecos sigan trabajando sin derechos, el progreso seguirá siendo un discurso, no una realidad.
