Tortura y abusos en las cárceles de Chiapas
En los Centros Estatales de Reinserción Social (CERSS) de Chiapas persisten prácticas que violan de manera sistemática los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), las violaciones comienzan desde la detención, con golpes y amenazas, y continúan dentro de los penales mediante hacinamiento, mala alimentación, trabajos forzados, extorsiones y traslados arbitrarios.
Entre 2010 y 2025 se documentaron al menos veinte casos de tortura, incluyendo cuatro cometidos por elementos de la Fuerza Regional de Intervención Policial (FRIP) en Cintalapa, Frontera Comalapa, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Internos han reportado cateos sin previo aviso, robo de pertenencias, cobros por vender productos, y sanciones injustificadas mediante traslados sin expediente. Las condiciones médicas son insuficientes, generando vómitos, dolores estomacales y ansiedad por la mala alimentación y la falta de atención.
Estos hechos evidencian que, a pesar de la existencia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Chiapas mantiene una deuda grave con la reinserción social y el respeto a la dignidad de quienes se encuentran privados de su libertad. El cierre de la Fiscalía Especializada y el lento avance de la nueva Unidad contra la Tortura agravan esta situación, dejando en la impunidad graves violaciones a los derechos humanos.
Como sociedad, no podemos permanecer indiferentes. Es urgente exigir transparencia, supervisión efectiva de los penales y sanciones ejemplares a quienes vulneren la ley y la integridad de las personas privadas de su libertad. Los CERSS no deben ser espacios de castigo y abuso, sino instituciones donde se garantice la rehabilitación, la dignidad y la seguridad de todos.
Chiapas necesita una justicia real, que proteja a quienes más lo necesitan y frene la violencia institucional que hoy se perpetúa dentro de sus cárceles.
