Un sistema de justicia que se desmorona: el llamado urgente de la IBERO
El reciente informe del Observatorio IBERO sobre el Sistema de Justicia no solo confirma lo que desde hace años se percibe en los tribunales del país: la justicia mexicana atraviesa un deterioro acelerado, profundo y, sobre todo, doloroso para quienes dependen de ella. La caída abrupta de la actividad judicial en la Ciudad de México —más del 50% menos asuntos concluidos en materia familiar y una reducción del 45% en casos civiles— es un síntoma de un problema mayor: la pérdida de confianza en instituciones incapaces de responder a las demandas más básicas de la ciudadanía.
La reforma judicial, lejos de ordenar el caos, parece haber profundizado la parálisis. Lo advirtió con claridad la Dra. Ana Laura Magaloni: “La arquitectura que colapsa es la que ya no funcionaba”. La justicia mexicana no se derrumba porque la hayan tocado, sino porque llevaba años sostenida con hilos, atrapada entre inercias, opacidades y un diseño que castiga sobre todo a quienes menos tienen. Hoy, la caída es más visible porque alcanza a miles de familias que esperan resoluciones en materia familiar, civil o penal, y que encuentran puertas cerradas, procesos detenidos y funcionarios que operan con viejos vicios bajo una nueva estructura.
La IBERO, al presentar los primeros hallazgos de su Observatorio, asume una postura que pocas instituciones académicas se atreven a tomar: señalar, documentar y exigir cambios desde la evidencia. El rector, Dr. Luis Arriaga, lo explicó con contundencia: la justicia mexicana “se ensaña con los más pobres, con las mujeres y con los pueblos indígenas”. La crisis no es discursiva ni técnica: es humana. Y por eso importa.
Las líneas de acción que plantea la universidad —repensar la enseñanza del derecho, estudiar la relación entre pobreza y justicia, recuperar la voz de las víctimas y fortalecer el periodismo que narra estos procesos— son una hoja de ruta pertinente para reconstruir desde abajo, desde los tribunales locales donde se vive la mayor desigualdad y donde se atiende el 96% de los conflictos reales de la gente.
La crisis judicial no es exclusiva de la Ciudad de México. Chiapas conoce de sobra lo que significa tener instituciones rebasadas, procesos interminables y poblaciones enteras sin acceso real a la justicia. En un país donde en 2027 se renovará alrededor del 70% de los cargos judiciales locales, el debate debe ser profundo, serio y centrado en las personas, no en cuotas ni repartos partidistas.
El Observatorio IBERO pone sobre la mesa una verdad incómoda pero necesaria: no basta con reformar estructuras; hay que reconstruirlas. Y para ello se requerirá voluntad política, visión académica y presión social. La justicia no puede seguir siendo un privilegio. Es hora de que vuelva a ser un derecho.
