Un riesgo que no se puede medir
La reciente desaparición del Coneval, aprobada por el Congreso, representa un retroceso grave para estados como Chiapas, históricamente ubicado en los primeros lugares de pobreza y rezago social en el país.
Hoy, 74.5% de los chiapanecos vive en situación de pobreza, y 29% en pobreza extrema, según el último informe disponible de 2022. Estos datos no solo reflejan estadísticas, sino rostros, familias y comunidades que día a día enfrentan carencias en salud, alimentación, vivienda y servicios básicos. Por años, el Coneval fue el órgano que midió esa realidad con criterios técnicos e independientes, sirviendo como brújula para orientar las políticas sociales.
Con su desaparición, sus funciones pasan al INEGI, pero sin claridad sobre cómo se mantendrán las metodologías y sin certezas sobre la autonomía que debe tener la medición de la pobreza en un país con tanta desigualdad. Expertos han advertido que este movimiento deja a Chiapas en riesgo de quedar sin información confiable justo cuando más se necesita evaluar con precisión el impacto real de los programas gubernamentales.
No se trata solo de quién haga las mediciones, sino de garantizar que estas sigan siendo objetivas, públicas y comparables. Sin eso, la pobreza podría invisibilizarse desde las cifras oficiales, reduciendo los números en papel pero sin cambiar las condiciones en las comunidades.
Chiapas no puede permitirse vivir sin una medición certera de su pobreza. Porque cuando no se mide, no existe. Y cuando no existe, no se atiende.
Que los números sigan mostrando la verdad, por incómoda que sea. Solo así habrá forma de exigir resultados.
